Con la pretendida intención de hacer más eficiente el gasto estatal, el gobierno provincial resolvió ordenar su activa participación en el mercado inmobiliario de la provincia y en el negocio del alquiler de vehículos para uso oficial. Centralizó la decisión de los contratos que se firmen de ahora en más en la recientemente creada Secretaría de la Gestión Pública y Contrataciones a cargo de Rodolfo Laffitte y suspendió las renovaciones automáticas y prórrogas de los contratos en marcha.

El gobernador Jorge Sapag y todos sus ministros hicieron publicar los decretos 1.900 y 2.019 en forma completa en la edición semanal del Boletín Oficial.

El primero se refiere a la centralización de la decisión sobre los alquileres de inmuebles y el segundo al tema de las locaciones de vehículos de uso oficial o de servicios de todo tipo de transporte terrestre de personas que contrata la administración pública provincial centralizada y descentralizada, incluyendo transporte escolar, deportivo y de discapacitados.

La publicación incluye la reglamentación de los decretos, una suerte de decálogo sobre cómo deben hacerse los trámites para solicitar la contratación de un inmueble o de un servicio de transporte y una copia del formulario que deben completar los organismos.

Inmuebles

En los considerandos del primer decreto se aduce que se necesitan normas que sean comunes a toda la administración pública provincial y que los inmuebles de propiedad gubernamental, a efectos de satisfacer los requerimientos de los organismos provinciales, resultan insuficientes.

Es por ello que el Estado –señaló el decreto- debe mantener una activa participación en el mercado de locación de inmuebles y que eso genera "importantes erogaciones" en concepto de alquileres. También hace referencia a que es intención de la gestión Sapag hacer más eficiente (utiliza ese adjetivo como verbo, por lo que se deduce que hace referencia al sentido práctico) el gasto bajo normas y pautas que posibiliten un ágil y eficaz control, en tanto que preserven la dinámica de funcionamiento que deben tener los servicios.

Se prohíben las renovaciones automáticas y prórrogas de alquileres y sólo en caso de una excepción, será Laffitte quien la disponga.

Con el objetivo de lograr mayor eficiencia, también se centralizó todo lo concerniente a los alquileres de vehículos de uso oficial y o servicios de todo tipo de transporte terrestre de personas que contrata la administración pública provincial centralizada y descentralizada, incluyendo transporte escolar, deportivo y de discapacitados en la Secretaría de Gestión y Contrataciones.

Este organismo será el encargado, según el Decreto 2.019, de realizar las contrataciones a partir de pedidos escritos y fundados formulados por las áreas estatales, expresamente autorizados por la máxima autoridad de cada ministerio, secretaría de Estado o ente descentralizado.

En los considerandos se menciona que se unifican los procesos licitatorios para poder tener acceso a mejores precios de plaza y aplicar "principios de economía procesal". También agregó que el objeto es "optimizar esfuerzos, asegurar los aspectos técnicos y evitar excesos en las contrataciones".