El documento, firmado por el Presidente, Nicolás Ambrosius y el Secretario, Doctor Hugo Cereijo, la entidad cooperativa sostiene que la iniciativa carece de sustento institucional, ya que la entidad se rige por La ley Cooperativas y es controlada por el OCEBA, por lo que descarta cualquier posibilidad de modificaciones, que de hacerlas cercenarían los principios básicos del cooperativismo vigente en el país. A continuación el texto de la nota:

"Habiendo tomado conocimiento público a través de los medios de comunicación, de un proyecto de ordenanza suscripto por el concejal radical Raúl Alí, que solicita -entre otras consideraciones-, la modificación de los estatutos de CELTA, el nombramiento de dos consejeros propuestos por el Departamento Ejecutivo, la designación de un veedor, y la consecuente modificación del contrato de la concesión del servicio público de distribución de electricidad, hacemosle saber la posición del Concejo de Administración de CELTA ante una propuesta que colisiona con todo el ordenamiento jurídico argentino ( La Constitución Nacional, la Ley de Cooperativas, el derecho de las sociedades comerciales y el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial ).

Entre otras consideraciones, el edil propone la incorporación al Concejo de Administración de la cooperativa, de dos consejeros designados por el Departamento Ejecutivo. Esta propuesta se contradice con los principios básicos del cooperativismo internacional: "control democrático de los socios", "adhesión voluntaria y abierta" y "autonomía e independencia". La iniciativa omite que CELTA es una entidad privada, que se rige por las normas del derecho privado, y que no tiene como único objetivo la prestación de un servicio público, sino que cumple además un amplio abanico de actividades que no tienen nada que ver con éste. CELTA se rige por la ley 20.337 (Ley de Cooperativas) y de conformidad con ésta ha dictado su estatuto. Desde hace más de 80 años rige su vida societaria en absoluto respeto con lo reglado en la normativa vigente. En virtud de lo expuesto, la iniciativa del legislador es violatoria de garantías constitucionales, de normas legales expresas y de los principios básicos del cooperativismo, careciendo de todo sustento y resultando por ello inadmisible.

Quizá ninguna otra entidad tenga tanto control y fiscalización como las entidades cooperativas de servicios públicos. En lo societario, además de la sindicatura que establece la Ley de Cooperativas y organiza el Estatuto de la entidad, CELTA -al igual que todas las cooperativas del país - está sujeta al minucioso control del INAES, o sea del Estado Nacional. Asimismo, respecto de la prestación del servicio público de electricidad, la cooperativa está sujeta a la fiscalización del organismo que crea la propia Ley 11.769, que es el OCEBA, y la Dirección Provincial de Energía (DPE). Cabe recordar que el contrato de concesión, según la propia ley y su decreto reglamentario, se suscribió de acuerdo con el modelo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, sin que puedan los firmantes efectuar reservas de ninguna naturaleza, resultando por tanto inmodificable para las partes. En consecuencia, la figura propuesta del "veedor" carece de todo andamiaje legal.

Resulta llamativo que la propuesta del concejal se limite exclusivamente a CELTA, cuando hay cinco cooperativas en todo el distrito de Tres Arroyos que brindan el mismo servicio público. De este modo, la iniciativa resulta claramente discriminatoria y esa discrecionalidad la invalida como norma jurídica.

CELTA siempre ha dado cumplimiento al deber legal y ético de mantener adecuadamente informado al municipio respecto de las circunstancias relativas al servicio público de distribución de electricidad. Así todos los años, CELTA comunica al Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante, los planes de inversión aprobados por la Asamblea.

De más está decir, que de resultar aprobado este absurdo proyecto, CELTA recurrirá a todas las instancias legales ( administrativas y judiciales ) en defensa de la entidad y sus asociados, por considerar, como se expresó en un principio, que vulnera garantías constitucionales, normas legales expresas y los principios básicos del cooperativismo.

NICOLÁS F. AMBROSIUS DR. HUGO CEREIJO

Presidente Secretario

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