Las medidas serán enviadas a la Legislatura. Beneficiará a productores, la industria frutihortícola y buscará la promoción del empleo.
De acuerdo al proyecto que esbozó el Ejecutivo, en el caso de los agricultores chicos se establecerán precios mínimos a la producción de durazno (de $0,50 a $0,80), pera ($0,40 a $0,60 ) y manzana ($0,20 a $0,60) y créditos a tasa cero tanto para la cosecha y acarreo. En el caso de los grandes grupos productivos, los créditos serán destinados a la compra de materia prima e insumos y financiación de exportaciones.
El Gobierno provincial dispondrá de $190 millones para los créditos que obtendrá del Fondo para la Transformación y el Crecimiento y del Banco Nación.
El plan anticrisis contempla además para agricultores chicos $2 millones para la construcción de paseras (para ciruelas disecadas), $1,5 millones para compensar a pequeños productores de damasco y refinanciación del crédito a la cosecha y acarreo de la campaña anterior. El beneficio abarcará a 12.700 productores que cultivan cerca de 37.500 hectáreas en todo el territorio local.
Habrá créditos para prefinanciación y financiación de exportaciones del agro. En este último caso, el Ejecutivo pretende subsidiar hasta 6 puntos porcentuales en créditos que no superen los $6 millones, y de allí en adelante de 3 puntos.
Empleo, inversiones y desarrollo
En pos de fomentar el empleo, uno de los proyectos prevé la reducción de impuestos y estabilidad fiscal para aquellas empresas que no despidan personal, que inviertan en la provincia y también para los emprendimientos productivos que tiendan al crecimiento de las economías regionales. Las empresas que incorporen personal durante el ejercicio fiscal del 2009 accederán, de ser aprobado el proyecto oficial, a un crédito equivalente a las contribuciones patronales, obras sociales y aseguradoras de riesgo de trabajo.
Para atraer inversiones de alto grado de desarrollo tecnológico, de investigación y desarrollo, lo principal será la exención del pago de ingresos brutos, sellos e inmobiliarios a los inmuebles afectados a las actividad por un plazo de 10 años.
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