En medio de la polémica que generó una grabación en la que un miembro de gobierno le ofrece dinero y un terreno a un vendedor ambulante para que abandone la calle, el Centro Empresario salió a reclamar que no se desvíe el eje del debate y que se apure en el Concejo Deliberante la aprobación de la ordenanza que liberará el espacio público de puestos callejeros.

La discusión por la ordenanza se reavivó en las últimas horas, después de que un vendedor ambulante diera a conocer una grabación en la cual el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Aón, aparece ofreciéndole a un puestero 50 mil o 60 mil pesos y un terreno para dejar su puesto. El gobierno aclaró posteriormente que se estaba hablando de créditos que los vendedores deberían usar para poner en marcha un proyecto productivo y que después tendrían que devolver en 36 cuotas y con un interés del 4 por ciento anual. Ese cruce de acusaciones tuvo una primera consecuencia: el Concejo Deliberante postergó el tratamiento del proyecto, que en principio estaba previsto para ayer. La polémica retrasó la discusión legislativa.

Ante esa demora, el Centro Empresario decidió exigir públicamente que no se frene el debate. “Pedimos que se actúe con rapidez porque estamos convencidos de que el proyecto es el inicio de una acción totalmente necesaria. Sería lamentable que existiera un retraso por la discusión de aspectos que no tienen que ver con el eje principal de la discusión. Hoy lo prioritario es lo que está tratándose en el Concejo. Y hay que legislar en función de esa prioridad. Si las fuerzas políticas no miran esto con claridad, es preocupante”, manifestó Marcelo Pinasco, presidente del Cecis.

Carlos Brancher, titular de la Cámara Mercantil, señaló: “La oposición está usando (la discusión por las ofertas económicas) con intencionalidad política. No están viendo la realidad de las cosas. Si preguntamos a los comercios de la periferia si les gustaría venir al centro y no tener que pagar impuestos, ni alquiler y encima facturar en negro, a todos nos gustaría. Pero no es posible. Debe existir una regulación”.

Armando Becerra, integrante de la comisión directiva, también apuntó a la intencionalidad política: “Nosotros pedimos que se trate rápida y efectivamente el tema e insistimos en que hay que centrarse en lo principal y no en lo secundario. A veces, en el fragor político se va hacia aspectos accesorios. La impresión personal es que hay sectores a los que no les interesa que el proyecto salga en este momento”.

Diego Cid, presidente del sector Comercio, dijo que en algún momento debe comenzarse con la regulación del comercio y la erradicación de la venta callejera.

“Este fue el primer gobierno que encaró el tema con cierta valentía porque ninguno antes lo hizo. Si no le damos un marco legal a esta situación es muy difícil trabajar en el comercio formal. Se está creando un programa para reubicarlos (a los puesteros) y necesitamos que los concejales apoyen esta necesidad que tiene la ciudad”, declaró.

Con respecto al desembolso de dinero que le implicará al Municipio la salida definitiva de los vendedores ambulantes, Becerra indicó que “siempre estuvo claro” que iba a implicar un essfuerzo del Estado y que el Cecis está de acuerdo, siempre y cuando se trate de cifras razonables.