Después de una semana de intensas tratativas en el marco de una "mesa de diálogo" abierta en el marco de la audiencia convocada por la Suprema Corte provincial, la Comuna platense y las organizaciones no gubernamentales que cuestionan el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) protagonizaron ayer un prolongado encuentro que resolvieron continuar hoy, en lo que sería el último intento por llegar a un acuerdo.

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Ocurre que, según trascendió, los representantes de las entidades ambientalistas habrían rechazado ayer la posibilidad de suscribir un acta-acuerdo sobre la base de un bosquejo que había aportado el Colegio de Arquitectos Distrito La Plata, a pesar de que durante la semana pasada las partes habían avanzado fuertemente hacia un consenso a partir de ese trabajo de la entidad profesional.

Como se sabe, la aplicación del nuevo Código de la Ciudad -que establece las pautas para las edificaciones, así como sobre las áreas de radicaciones productivas, comerciales e industriales, entre otras disposiciones urbanísticas- está suspendida por una medida cautelar dictada por la Corte, a partir de una denuncia sobre presunta inconstitucionalidad de la norma efectuada por Hoja de Tilo, Biosfera y otras ong's ambientalistas. Y en ese marco, el máximo tribunal de Justicia provincial propició una audiencia en la que las partes decidieron abrir una instancia de diálogo que se desarrolló durante la semana pasada.

De acuerdo a lo indicado por las fuentes consultadas, en el encuentro de ayer los representantes de Biosfera y Nuevo Ambiente habrían efectuado algunos planteos pero rechazaron una propuesta de los funcionarios municipales de incorporarlos al acta. Y por Hoja de Tilo no asistieron directivos sino la abogada designada por la entidad, quien habría sostenido que "no es un momento procesal oportuno" para que la ong suscriba un acuerdo, pese a que esta instancia de búsqueda de consenso fue propiciada, como se dijo, por la Corte.

Así, en líneas generales, las ong's habrían desistido de alcanzar un acuerdo, ya que tampoco habrían formulado propuestas concretas alternativas a las surgidas del bosquejo aportado por el Colegio de Arquitectos, y a partir de las cuales aceptarían suscribir un acta de consenso. Y en esa línea, habrían planteado que "sea la Corte la que resuelva" el tema.

Del cónclave, que tuvo lugar en la sede de Planeamiento de la Comuna, participaron entre otros el titular del área, Daniel Martínez; el secretario de Gestión Pública municipal, Jorge Campanaro; el director de Obras Particulares, Luis Larroque; el presidente del Colegio de Arquitectos local, Alberto Sbarra; la secretaria de esa entidad, Silvia Portiansky; representantes de las ong's mencionadas y de agrupaciones vinculadas con "la defensa del patrimonio urbanístico".

Tras la reunión, Martínez consideró que "la buena voluntad del Municipio no parece ser interpretada como tal"; y lamentó que "una norma elaborada por gente proba y capacitada, aprobada por cuatro colegios profesionales y los representantes del pueblo, sea frenada por unos pocos".

Sbarra, en tanto, valoró que "las ong's trajeron a la vista algo sobre lo que quizás no se había profundizado lo suficiente" y subrayó que "hay que trabajar en la adecuación del Código", pero ratificó su "confianza en los compromisos que asuma el Municipio" y se mostró favorable al aumento en las alturas de los edificios: "creemos que el 'derecho a la ciudad' comprende la densificación del casco urbano", sostuvo.

Las entidades, por su parte, insistieron en su modelo de ciudad "sustentable, luminosa, aireada y arbolada", al que contrastaron con otro "de un millón de habitantes en el casco y paredones de hormigón de 45 metros de altura", al que relacionan con el nuevo Código.

Anoche, con todo, se resolvió realizar hoy una nueva y última reunión en pos de acercar posiciones y alcanzar consenso.

Como se ha informado, la ronda de conversaciones en busca de un acuerdo, resuelta el lunes de 27 de junio, se estableció con un plazo de una semana para debatir sobre dos puntos específicos: el régimen de protección de los bienes considerados de valor patrimonial, y la mayor edificabilidad que el nuevo Código permite en las zonas centrales del casco histórico local, comparada con el régimen anterior, bajando la altura autorizada en los barrios.

SETENTA

La Confederación General del Trabajo (CGT) local, en uno de los documentos planteados, indicó que la suspensión del Código Urbano afecta a “70 rubros de actividades económicas vinculadas a la construcción”. También había remarcado el riesgo para “20 mil puestos de trabajo directos”.