Según las normas de implementación establecidas en el Código Procesal Penal, en el punto 9 de la sección 2 del Capítulo I, la Corte de Justicia, mediante sorteo, debía conformar los juzgados de Transición, los cuales, según la Ley 7716, se quedarán con las causas que no tengan un procesamiento firme.

Esto, sin embargo, no sucedió. Por lo que se supo, la Corte promovió que los jueces de Instrucción Formal llegasen a un acuerdo que podría ser presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo como fixture alternativo al sorteo dispuesto, hecho que generó varias reuniones en las que los distintos magistrados armaron y desarmaron listados.

El asunto no fue nada sencillo, pues la Transición significa nada menos que la posibilidad de asumir los casos más resonantes, complejos y considerados una brasa en la mano de cualquier juez, ejemplo de ello son las causas seguidas contra Romero, la investigación por la muerte de Cintia Fernández, Luján Peñalva y Yanina Nüesch.

Los ocho jueces formales habían llegado a un acuerdo que definía no sólo quiénes serían de Transición, sino también los que quedarían como jueces de Garantías e incluso los integrarían la Sala IV del Tribunal de V del Tribunal de Juicio.

Este acuerdo, sin embargo y según trascendió, fracasó, debido a que uno de los jueces, joven y de escasa antigüedad, se habría opuesto debido a que, al parecer, aspiraba a otro puesto que posteriormente podía dejarlo en una posición de mayor jerarquía.

Por ello, el fixture que sus mayores habían diagramado no prosperó. Ante esto, y el avance de la Legislatura en el asunto, la Corte se vio de cara al sorteo como única alternativa para salvar las infructuosas gestiones de sus jueces formales, algo que debió ser la primera y única alternativa. Con los plazos ya encima, la Corte volvió a forzar un acuerdo de sus pares de menor rango, quienes finalmente definieron un nuevo borrador en el que sólo se resolvió quiénes iban a ser los jueces que quedarían a cargo de los juzgados de Transción, listado que fue propuesto al Poder Ejecutivo para la redacción del decreto 1643/13.

Se trata de los juzgados de Instrucción Formal 2, 5, 6 y 8 a cargo de los jueces Esteban Dubois, Pablo Arancibia, José María Alvarado Solá y Federico Diez, quienes ahora deberán esperar la distribución de las causas penales pendientes a fin de seguir con el trámite bajo el sistema mixto.

Los otros cuatro jueces de Instrucción Formal restantes. Martín Pérez, de Primera Nominación; Pablo Farah, de Tercera Nominación, Antonio Pastrana, de Cuarta Nominación y Raúl Sosa Vallejos (este juez ya se jubiló), de Séptima Nominación, pasaron a ser jueces de Garantía junto a Héctor Martínez, Sandra Espeche, Beatriz Renzi, y Carolina Sanguedolce, haciendo un total de ocho.

Cuestiones de poder

La puja por quedar al frente de los juzgados de Transición no tiene que ver sólo con el hecho de que una vez que concluya la tarea de estos magistrados automáticamente se convertirán en jueces de juicio, conformando los tres primeros la Sala 6 y el restante la Sala 7.

A partir de la aplicación de la reforma los jueces de Garantías serán meros espectadores de la investigación penal, la cual quedará ahora en manos de los fiscales penales, quedando en manos de los magistrado sólo la facultad para disponer detenciones, allanamientos y otras medidas probatorias.