Los policías, en cualquier nación medianamente seria, deberían estar cuidando la seguridad y la hacienda de los ciudadanos, en lugar de estar sublevados, haciendo fogatas, frente a un cuartel. ¿Por qué hemos llegado a esta penosa situación? Algunas de las principales razones son estrictamente económicas. Los efectivos policiales, al igual que una parte importante de los trabajadores, tienen ingresos que se vienen deteriorando y que los ponen en situación de pobreza, no pudiendo ni siquiera garantizar un mínimo calidad de vida a sus familias, pese a tener que afrontar agotadoras jornadas laborales que, con los adicionales, llevan a que puedan estar dos o tres días sin dormir.

A esto se le suma un efecto contagio, a partir de lo ocurrido en provincias como Córdoba, Catamarca y Neuquén. Pero, precisamente, si un mismo reclamo tiene eco en distintas administraciones provinciales, separadas entre sí por cientos de kilómetros, es porque existe un terreno fértil para que así sea, abonado por una aguda recesión y por una inflación que se ha acentuado producto de la propia devaluación del peso que, a cuentagotas, pero de forma permanente, viene instrumentando el gobierno nacional desde hace algunas semanas.

Las gobernaciones, especialmente en el interior, se han convertido en feudos, manejadas como si estuviésemos viviendo en una etapa precapitalista. Por eso, teniendo economías regionales que están en crisis por las políticas K, y un sistema productivo absolutamente desbastado, los Estados son conchavos con miles y miles de ñoquis.

Hacer carrera dentro del Estado es, prácticamente, una cuestión del pasado. Y como el sector público ya no tiene fuentes de financiamiento interno a los que recurrir, con una presión fiscal que es una de las más elevadas del mundo, se termina pagando poco y mal. De ahí que, por ejemplo, haya policías que se tengan que pagar las municiones de su propio bolsillo, o no tengan chalecos antibala. Peor aún, producto de este deterioro, los aspirantes que ingresan a las escuelas de formación policial, que tampoco se han modernizado, salen portando un arma luego de pocos meses de deficiente formación.

Ahora bien, si bien las causas de la crisis policial son económicas, los efectos que están teniendo son políticos e institucionales. Las sublevaciones que se están registrando muestran que se está rompiendo la cadena de mandos, el principio de autoridad y de jerarquía que debería predominar en instituciones como la policía. Y esto realmente es muy grave ya que nos pone al borde una situación de anarquía, que es caldo de cultivo para que vuelvan a producirse episodios lamentables como fueron los saqueos de la semana pasada en Córdoba.

En ese contexto, escenas como las ocurridas el último viernes, con integrantes de una fuerza policial que tomaron la casa de Gobierno de Catamarca en reclamo de mejoras salariales, enfrentándose a los tiros con gendarmes que buscan resguardar el edificio, constituyen una clara muestra de hasta donde puede llegar el descontrol. Lo peor de todo es que, como no podía ser de otra manera, los más perjudicados son los ciudadanos, que se encuentran cada vez más desprotegidos en medio de una ola de inseguridad potenciada por las consecuencias de la misma política económica que pone en jaque a la policía.

Este tipo de sublevaciones también muestran la ausencia absoluta, durante la década de gobierno K, de una política de profesionalización que no solamente debería darse en las fuerzas policiales, sino también en fuerzas federales militarizadas como son la Gendarmería y la Prefectura, cuyo integrantes también cobran salarios paupérrimos. El kirchnerismo, desde que asumió la conducción de la Casa Rosada, siempre intentó esconder el problema de la inseguridad, considerándolo como una sensación “inventada por los medios de comunicación”, mientras diariamente las balas de los delincuentes se cobran la vida de ciudadanos inocentes.

De esta manera, en lugar de introducir reformas para profesionalizar a los policías, gendarmes y prefectos, capacitándolos y otorgándoles los mínimos elementos suficientes para enfrentar a delincuentes dispuestos a todo, se optó por demonizar y castigar a todo aquel que representara cualquier principio de autoridad.

En definitiva, el caos que se está viviendo en el país tiene responsables, con nombre y apellido, empezando por la presidenta, seguida por cada uno de los gobernadores que han sido funcionales o han aceptado el modelo K.