Continúa la polémica alrededor de los pedidos para remover al fiscal Juan Blanc que dejó en libertad al hombre que disparó contra el auto de agentes de la Afip. Cabe recordar que la agresión armada que sufrieran funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la ciudad de Villa Elisa, ocurrió en las primeras horas del 30 de marzo pasado.

Tras los hechos el diputado oficialista Juan Navarro y el titular de la Ater, Marcelo Casaretto, cuestionaron a Blanc y se manifestaron a favor de iniciar un jury al fiscal. En contraposición a lo planteado por los funcionarios, el Procurado General de Entre Ríos calificó la propuesta de diputados como un "mamarracho" y explicó que "el fiscal auxiliar está en el cargo de forma provisoria, por lo tanto no lo alcanza un jury. En todo caso, es el Superior Tribunal de Justicia (STJ) quien tiene la potestad de remover magistrados porque son los vocales de ese cuerpo los que hacen las designaciones para ocupar cargos interinos hasta tanto se ocupe la vacante".

Lo cierto es que la balacera del productor de Villa Elisa desencadenó un conflicto de poderes en Entre Ríos: por un lado el Poder Judicial y del otro el Legislativo.

Primero fue el diputado Juan Navarro (FPV) quien aseguró que con un grupo de diputados pedirían que el fiscal sea sometido al jurado de enjuiciamiento, un procedimiento que tiene por objetivo determinar si existió o no, mal desempeño judicial. Más tarde, el titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto se refirió a la opinión del procurador García que desestimó iniciar un jury al fiscal de Colón. "Estimo razonable que el Procurador General que tiene toda una trayectoria de garantizar la vigencia de los derechos y garantías que contempla nuestra Constitución no sea solo garante de la corporación agraria, también lo debe ser de los trabajadores de los organismos de recaudación nacionales, provinciales y municipales”, había señalado el funcionario del ente recaudador.

En tanto este miércoles, en un comunicado difundido por el Servicio de Información Judicial de la provincia, el procurador, Jorge García comunicó que “la actuación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en la investigación en curso se halla dentro de los parámetros de Política Criminal prefijados como instrucciones generales y específicas”.

Asimismo sostiene que “la etapa llamada Investigación Preparatoria, que lleva a cabo el Fiscal, consiste en recolectar evidencia sobre un hecho ilícito penal para lograr la probabilidad delictiva y así la remisión a Juicio Oral, en donde se producirá la prueba y se definirá la situación procesal del acusado”.

Más adelante explica que el caso se encuentra en producción el informe pericial que en Función Judicial realiza la División Criminalística de la Policía. “El informe resulta indispensable para atribuir fundadamente autoría o participación del sospechado en el ilícito, por lo que toda medida de restricción anticipada de la libertad se halla condicionada a las evidencias periciales referidas”, subraya.

En ese mismo sentido señala que: “esto no solo responde a la superioridad ética del Estado Republicano, que sigue considerando persona aún a quien infringe gravemente las Normas Penales que afectan a la coexistencia pacífica, garantizándole un debido proceso legal, -es decir razones principialistas-, sino también a razones consecuencialistas o utilitaristas, de imputar con elementos probatorios suficientes para formular un pronóstico de condena, es decir de eficacia o idoneidad en la persecución”.

El comunicado finaliza reiterando un “enfático respaldo a lo actuado por la Unidad Fiscal de Colón y a la prevención policial bajo su dirección”.