El miércoles a la noche, horas después de ser detenido, recuperó la libertad R. G., un hombre de 46 años que desde hace 24 cumple funciones en el Ministerio de Seguridad, en el área de la dirección de Administración, que había sido detenido el miércoles en medio de un intenso operativo que concretaron pesquisas de Seguridad Personal de la UR 1° La Capital, por orden del juez Jorge Patrizi.

En la casa del imputado, ubicada en Callejón Funes al 2400, en barrio Esmeralda, los agentes encontraron tres armas de fuego: una escopeta 16 con cartuchos del mismo calibre, un revólver calibre 22, un revólver calibre 38 con la carga de cartuchos completa en el tambor giratorio del arma de guerra –es la consideración que hace la ley nacional de armas Nº 20.429–, y además un rifle de aire comprimido. El allanamiento, fue el corolario de una investigación que demandó casi un mes y que dejó a R. G. en una situación judicial muy complicada, ante la cual deberá rebatir la principal sospecha que recae sobre él: que vendían armas a delincuentes.

Con expediente abierto

Si bien R. G. recuperó la libertad (porque la tenencia de armas es un delito excarcelable), la causa judicial en su contra continúa y se le inició un sumario administrativo.

Para el subsecretario de Seguridad Pública, Diego Poretti, la detención es una noticia “positiva”. Según declaró ayer a la prensa desde el ministerio de Seguridad tiene “la firme decisión de ir a fondo contra el delito sin importar quien lo comete (si es empleado, funcionario o parte de la fuerza de seguridad)”, indicó y agregó un detalle, no menor, del caso es que a partir del allanamiento hay “tres armas de fuego menos en Santa Fe”.

Y dijo sobre el rol de R. G. en la cartera de Seguridad: “Nosotros no tenemos incidencia en la investigación que lleva adelante el juez Patrizi. El detenido ingresó al Estado en 1988. Esta persona era un empleado administrativo categoría 4 que no tenía tareas calificadas dentro del ministerio de Seguridad”.

Mientras tanto, el revuelo en la opinión pública, ayer era inevitable. Un ex Jefe de policía provincial procesado por vínculos narcos, un ex Director del Servicio Pos Penitenciario procesado por robo, un ex empleado del Poder Judicial también acusado de robo y ahora un funcionario del ministerio de Seguridad, imputado de venta de armas de fuego: en los últimos meses, fueron varios los casos en los que trabajadores del Estado - algunos de ellos con cargos políticos, otros empleados de carrera - protagonizaron escándalos judiciales.