Esto ocurre en ocho de las 24 provincias argentinas. No han tenido rotación de partidos en más de 26 años; es decir, el tiempo transcurrido desde el retorno de la democracia, en 1983. Es grave y preocupante que en más de un cuarto de siglo no haya habido la saludable transición que impone tanto el desgaste de la gestión como las expectativas de los ciudadanos.

Del Mapa sobre el régimen político democrático de las provincias, que hace la organización no gubernamental Poder Ciudadano desde 2008, surge que no ha habido cambios en ese período en Santa Cruz, Formosa, Jujuy, San Luis, La Rioja y La Pampa, dominadas por el PJ; Río Negro, bastión de la UCR, y Neuquén, en manos del Movimiento Popular Neuquino. De esas ocho provincias, cuatro contemplan la cláusula de reelección indefinida; es la que Hugo Chávez, con 11 años en la presidencia de Venezuela, fracasó en su afán de imponer por medio de un referéndum. Ni él ni los caudillos argentinos habrán leído que Simón Bolívar dejó dicho: "Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía".

De las provincias argentinas, Catamarca es la única entre las que permite la reelección indefinida en la cual ha habido rotación; sucedió después de ser intervenida por el gobierno nacional a raíz del escándalo derivado del crimen de María Soledad Morales. Lo mismo sucedió en Santiago del Estero, coto reservado de los Juárez hasta que intervinieron los Kirchner y el poder pasó a manos del sector de la UCR afín a ellos. Donde más rotación ha habido no hay reelección indefinida: se trata de las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Corrientes (con la particularidad de haber sido intervenida dos veces y haber experimentado varios cambios de autoridades), Chubut y Tierra del Fuego (declarada provincia en 1992).

En al menos dos provincias en las que nada ha cambiado en los últimos 26 años hubo sospechas de irregularidades, como ocurrió en San Luis y Formosa. En ambos casos, los gobernadores cuentan con un respaldo legislativo superior a los dos tercios, lo cual les facilita la aprobación de cuanto proyecto envíen a ese ámbito. Otro dato significativo, y no menor, es que cinco de las siete provincias con mayor cantidad de empleados públicos, entre las cuales está Santa Cruz, son, justamente, aquellas en las que no ha habido rotación.

Estos indicadores llaman a la reflexión sobre la forma en que son elegidas las autoridades y el insoslayable peso de los llamados aparatos electorales, puestos a disposición del gobernador y el partido en el poder. Si desde varias tribunas se insiste en la necesidad de fortalecer las instituciones como un vehículo para aceitar la democracia y afirmar los valores republicanos, en la tercera parte de las provincias parece no haber intención de modificar nada, especialmente entre los gobernadores y los legisladores, para no turbar una alarmante rutina en el poder durante la cual, como sucede con los Kirchner, terminan confundiéndose hasta los bienes del Estado y el patrimonio propio. Eso sí: nunca a favor del Estado o, al menos, de los ciudadanos.

Clientelismos de este tipo crean vicios irreparables, como la dependencia del empleo público a falta de inversiones y polos productivos privados, el menoscabo de la justicia independiente y una prensa amordazada por su dependencia de la publicidad oficial. Con esa combinación tan negativa es difícil que pueda alzarse una voz opositora o que, al menos, pueda aplicarse el principio anglosajón de pesos y contrapesos para honrar la división de poderes. En feudos de este tipo, los avasallamientos son tan frecuentes como escasas son las expectativas de aquellos que abogan por la alternancia en el poder.