Con la presencia de representantes de los colegios de magistrados y de abogados, la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta y la Defensoría Oficial del Ministerio Público, ayer se realizó en el Senado la primera reunión para analizar el proyecto de reforma de la ley procesal penal que envió el Ejecutivo para avanzar hacia el sistema acusatorio.

Durante el encuentro, el director del Instituto de Derecho Procesal Penal, Víctor René Martínez, expresó su acuerdo con una ley procesal que contenga el sistema acusatorio, pero advirtió a los miembros de las comisiones de Justicia del Senado y de Diputados sobre la inconstitucionalidad de diferentes artículos.

“Si el fiscal recibe la declaración indagatoria se volverá a un sistema inquisitivo, peor que el que tenemos ahora”, afirmó el jurista en forma categórica. En cuanto a la modificación procesal que permitirá reabrir procesos penales ante incumplimientos de acuerdos conciliatorios, Martínez subrayó que se reivindicaría la “prisión por deuda”, una pena derogada en el siglo XIX.

Por su parte, la defensora general de la Provincia, Adriana Arellano, consideró que en el paso hacia el sistema acusatorio, la defensa pública debería contar con “las mismas armas” que tendrán los fiscales.

En esa línea, la funcionaria consideró que se deberían agregar y corregir en el proyecto, aspectos estrictamente relacionados con la defensa pública. A tal fin, Arellano pidió que se incorpore en próximas reuniones a los defensores oficiales.

La defensora general opinó que también sería pertinente adecuar la ley actual del Ministerio Público, que no sólo incluye a fiscales, sino también a defensores oficiales y a funcionarios del Ministerio Público Tutelar. Si esto no se hace, la reforma quedaría “descolgada”, observó.

A su turno, la jueza María Montalbeti manifestó que el Colegio de Magistrados necesitará analizar el proyecto con la debida profundidad que merece para hacer llegar a la Legislatura una opinión institucional sobre la reforma en ciernes. No obstante, al igual que otros expositores, agradeció la invitación cursada por legisladores.

El titular del Colegio de Abogados, Eduardo Romani, dijo que esa entidad también analizará a fondo la propuesta de reforma y que harán aportes por escrito. Hizo conocer a los legisladores que el colegio profesional hará el 20 de este mes una reunión abierta de debate en torno a esta reforma. De todos modos, Romani anticipó que, a primera vista, pudo verse que en el proyecto remitido a la Legislatura presenta copias textuales de códigos de otras provincias, como Entre Ríos y Jujuy.

Martín Diez Villa, del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados, lamentó que la entidad que agrupa a los letrados del foro salteño no haya sido convocada para intervenir en la etapa de redacción del proyecto que envió el Ejecutivo.

Tras las exposiciones, senadores y diputados aseguraron que se escuchará la opinión de los jueces de instrucción y de otros actores del sistema.

Los titulares de las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara alta, Jorge Soto y Gustavo Sáenz, estimaron que el próximo encuentro se realizará después del 20 de septiembre.

Concentración discrecional

Uno de los artículos mas cuestionados del proyecto es el 82, que confiere al Procurador la facultad de establecer e impartir a los fiscales “criterios generales de priorización y de oportunidad de persecución” penal, lo que no significa otra cosa que “elegir” el tiempo o la oportunidad para promover una acción que podría, en consecuencia, dormir en un cajón hasta que esa oportunidad le llegue.

Esta norma despertó atención por dos motivos. Por un lado, el artículo 32 de la ley actual del Ministerio Público ya faculta al procurador a “expedir instrucciones generales a los fiscales de todos los fueros e instancias y atender las consultas que le fueren formuladas por los mismos”. Entonces, ¿para qué legislar una facultad que ya tiene?

Por otro lado, juristas advirtieron que la “oportunidad en la persecución” no puede ser legislada por la Provincia. Todos los delitos deben obligatoriamente motivar una inmediata promoción de acción por parte del fiscal, porque así lo ordena el Código Penal Argentino, que rige en todo el país y es una materia que la Constitución otorga de modo exclusivo al Congreso.