El ahora octogenario coronel Sarmiento fue ministro de Gobierno en Misiones a comienzos de la Dictadura y jefe político de la Policía. Es muy posible que haya cometido violaciones a los derechos humanos. Y por eso es investigado.

Lo que está probado es que la jueza sacó dos fallos que sacudieron fuerte al Gobierno. En uno bloqueó la transferencia de reservas al nonato Fondo del Bicentenario. Y por el otro sostuvo a Martín Redrado, cuando Cristina Kirchner lo había removido al frente del Central.

Esto le valió dos denuncias del kirchnerismo. La primera, por estafa procesal, fue rápidamente rechazada. Y hace apenas una semana otra, por abuso de autoridad y prevaricato. En el medio, tuvo un patrullero en la puerta de su casa y no porque ella lo hubiera pedido.

La escalada desde el oficialismo incluyó de todo. Comparaciones con los fondos buitre, pedidos para que se investigue la vida privada de los magistrados y hasta insinuaciones de coimas, como la frase de la Presidenta sobre la existencia de jueces "tarifados".

Tanto que la Corte debió salir a pedirle "mesura": la respuesta de Cristina fue que mesura olía a censura.

Pese a todo, Aníbal Fernández pretende que vincular al Gobierno con la detención del padre de la jueza es una "mentira atroz". Hacía cinco años que el fiscal había pedido la indagatoria del coronel y se ejecuta justo ahora. Si no hay una mentira atroz, hay por lo menos una casualidad atroz. Y si esto no es otra intimidación a los jueces independientes, se le parece bastante.