La polémica está servida: mientras el Colegio de Veterinarios de la Provincia hace todo lo posible por extremar los controles sobre las castraciones públicas y masivas, una ONG que participa del Programa Municipal denunció “presiones corporativas” del gremio veterinario que atentan contra un servicio público.

“Bajo ningún punto de vista hay presiones, al contrario, les hacemos un acompañamiento personalizado”, dijo a Día a Día Gabriela Cadario, secretaria general del consejo directivo del Colegio provincial, agregando que no pueden estar contra un proceso positivo para la salud de la población.

“Nos regimos por resoluciones que regulan el ejercicio de la profesión: el proceso de esterilización masiva está regulado, y solicitamos que la castración se destine a un rango de la población que no pueda acceder a la práctica privada”, añadió.

Según la Fundación Amigos Unidos por los Animales (Fauna), que colabora con la Muni en el Programa de Castraciones en el Parque Sarmiento, el Colegio se está entrometiendo en una política pública que tiene que ser del Estado por intereses económicos.

“No se pueden priorizar intereses económicos de un sector por sobre el conjunto de la comunidad”, dijo María Paula Soria, presidenta de Fauna, haciendo un llamado al municipio para que “siga trabajando en esta política publica, abarcativa y gratuita”.

Desde el Colegio insisten en que “no es un tema mercantilista”. “Si sólo se esteriliza, no se soluciona el problema, porque no se están haciendo medidas complementarias, como educar, generar sanciones para tenedores irresponsables, etc. Si no van acompañadas de este proceso, no logran el objetivo”, dijo Cadario.

Una cosa está clara: ONGs y el Colegio ven el problema desde diferentes perspectivas.

“Las ONGs tienen su mirada social; la nuestra es institucional y técnica, por lo tanto, nuestro debate va a ser técnico y sólo con un interlocutor válido”, añadió Cadario.

“No estamos en contra por cuidar el bolsillo a nadie. Sólo queremos maximizar el recurso que se utiliza”, dijo, remarcando la necesidad de hacer evaluaciones estadísticas sobre la efectividad de los programas. Según ellos, ya llevan dos años sin siquiera reducir la magnitud del problema.

El caso Freyre. El Colegio de Veterinarios denunció que en Freyre se llevaban a cabo esterilizaciones masivas por parte de un veterinario no matriculado en esa institución, y que no se estaban cumpliendo con las resoluciones que regulan el ejercicio de la profesión. En Córdoba es obligatorio estar matriculado en el Colegio para ejercer la profesión; si se ejerce sin matricularse, según la institución, se incurre en la práctica ilegal de la profesión y, por lo tanto, en un delito. Además, denuncian que en Freyre el servicio carecía de condiciones mínimas de asepsia, entre otras cuestiones.

El costo. Al menos 500 pesos y puede llegar a $ 600 en el caso de un perro hembra. Castrar una gata cuesta entre $ 300 y $ 400. En los machos cuesta algo menos.