Las causas judiciales recaen dentro del esquema del Ministerio Público Fiscal, en la UFIJ 6 cuyas titulares, Dras. Fernanda Sánchez y Mirta Monclá, quienes trabajan en forma coordinada en lo que respecta a la faz investigativa, con los detectives de la DDI Junín.

Como es sabido, la UFIJ 6 entiende en casos relacionados con Violencia de Género y Familiar.

EL ABUSO “INTRAMURO”

Desde la DDI Junín, destacan que “existen distintos casos de abuso, ya que podemos separar aquellos ocurridos en un ámbito de “intramuro”, catalogados  como “Gravemente Ultrajantes” por tratarse de sometimientos que se extienden en un tiempo prolongado de ejecución, y en su mayoría en perjuicio de menores de edad indefensos que padecen estos actos de crueldad durante años por lo general dentro de su ámbito familiar conviviente, generando ello daños irreparables para los jóvenes y niños”.

Refieren desde la DDI que no se han  aportado “detalles a lo largo de cada uno de los hechos registrados, atento a la complejidad de las mismas. Considerando el potencial daño sobre las víctimas se ha evitado la difusión con detalles de cada caso”.

Desde la DDI Junín agregan que “los responsables de esos hechos se encuentran todos detenidos tanto en el Complejo Carcelario de nuestro medio como en la Comisaría de General Pinto, destinada al alojamiento de internos procesados en esa temática”.

Los casos que han sido investigados a lo largo de 2017 fueron  18, de los cuales 15 se registraron en nuestro Partido, 1 en Lincoln y 2 en la vecina localidad de Chacabuco.

ABUSO SIMPLE

Otras de las variables investigadas “corresponden a aquellos hechos que le ocurren día a día a cualquier mujer en la calle, se tratan de “abusos simples”, vejaciones sin acceso sobre víctimas que son interceptadas  mientras transitan por la vía pública. Otros ataques han tenido lugar en colectivos de media y corta distancia, que habrían sido cometidos por un mismo sujeto”.

Acota el informe de la dependencia policial que se trata de situaciones que “generan mucho temor en la sociedad principalmente en el género femenino y en particular en jóvenes”.

Con respecto a los hechos comprobados, ocurrieron en distintos barrios de la ciudad de Junín y de acuerdo a los datos aportados por las víctimas difieren tanto las edades como las características físicas de los atacantes.

Por consiguiente “estos casos merecen un minucioso trabajo de campo por parte de los investigadores de la DDI Junín, obteniéndose paulatinamente avances sustanciales en cuanto a los rasgos fisonómicos y relevamientos realizados en cada uno de los ataques”.

A partir de la información recogida durante las investigaciones, se lograron identificar “a tres agresores, dos de ellos mayores de edad,  que fueron oportunamente detenidos y puestos a disposición de la Justicia, e inclusive un menor de 16 años de edad que tramita el Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil.

De dos de los imputados, “uno tiene  19 años y es oriundo de nuestro medio mientras que el restante,  de 29 años, se domicilia  en la localidad de Vedia”.

REGISTRO DE VIOLADORES

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que propone la creación de un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, una herramienta que en la provincia comenzará a funcionar una vez que la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, preste conformidad con su rúbrica.

La iniciativa fue aprobada, en la Cámara de Diputados de la provincia,  por 135 votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones.

El proyecto que ahora fue girado al Senado para su sanción definitiva fue impulsado por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Diego Mestre (UCR-Córdoba-Cambiemos), y tenía dictamen desde mayo pasado.

A través de la iniciativa se crea un Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales a los fines de crear en la ciudadanía mecanismos de alerta, para que cuando se produzca la liberación de un preso por este tipo de delitos, que son los que están precisados en los artículos 119 y 120 del Código Penal, el juez de Ejecución Penal tenga la obligación de comunicar la decisión al Ministerio de Justicia.

La iniciativa “busca complementar la ley que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a delitos C”