El Caso Zapata puede convertirse en una de las principales piedras en los zapatos de una gestion que camina con los pies cada vez más pesados. Desde el inicio de la investigación penal del homicidio ocurrido el 14 de septiembre, la Municipalidad demostró escaso interés para colaborar con el accionar fiscal. Demoró la respuesta de todos los oficios que se le remitieron, los que tuvieron que ser repetidos hasta 3 veces sin respuesta. Pero el colmo llegó con la “respuesta” que se le dio al pedido –ya repetido tres veces- de que se remita el horario preciso de inicio de la grabacion de la videocámara instalada por la DPU en el Parque de la Cruz el día del hecho. Pasen y lean.
Foja N° 1: El oficio reiteratorio con carácter urgente de la fiscalía solicitando a la Municipalidad la hora de inicio de la grabacion de la videocámara instalada en las afueras del Parque de la Cruz el 14 -09-2010.
Foja N° 2: Dictamen del 14 de diciembre firmado por Mauro Tulia y avalado a vuelta de foja por Laura Fangio , Subsecretaria de Asuntos Legales del Municipio, aconsejando al Intendente que esa Subsecretaría “considera prudente” que remita a la Fiscalía lo solicitado y que “debe dársele el más urgente trámite” “evitándose toda providencia de mera elevación de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ord. 267/80”
Además, el dictamen letrado dice que “para el caso en que no se pueda dar contestación en el plazo dispuesto por el Juzgado interviniente, deberá hacer saber al mismo dicha circunstancia como así también en qué plazo se ha de cumplimentar la orden judicial”
Foja N° 3: El 17 de diciembre Mauro Tulia gira su propio dictamen a la Jefatura de Gabinete, avalado al dorso por su jefa María Laura Fangio.
Foja N° 4: El Intendente Osvaldo Raúl Cáffaro y su Jefe de Gabinete Pablo Andrés Giménez, el mismo día 17 de diciembre, firman una nota con la que cierran el expediente donde se ordena la devolucion del mismo a la UFI 1 , “con lo informado”, “a los fines que estime corresponder”, como se ve en la imagen que acompaña a esta nota.
Esto significa que Cáffaro y Giménez no sólo desoyeron lo que aconsejaron sus propios abogados respecto del Oficio Judicial que devuelven sin responder, sino que están desoyendo con su firma de puño y letra un requerimiento judicial en el marco de la investigación penal de un homicidio.
El fiscal actuante, Dr. Juan José Montani, y la Jueza de Garantías Dra. Aleli Nieves Kalf, deberán ilustrar a la ciudadanía acerca de cómo procede una justicia independiente ante un proceder tan desvergonzado de un Ejecutivo Municipal que desoye y hasta pareciera burlarse de uno de los poderes esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.
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