La decisión que el pasado lunes tomó la comisión de Legislación sorprendió a los observadores del proceso político que se viene llevando adelante para investigar lo sucedido la noche del 17 de abril en una rotisería de Chaco y Alvarado, donde el defensor del Pueblo Luis Salomón habría interferido durante un operativo de Inspección General, donde además se lo señala por haber agredido a un efectivo policial.

Tras dos meses de deliberaciones públicas y privadas, parecía existir el consenso para poner sobre la mesa una propuesta concreta sobre el futuro del funcionario cuestionado. Solo faltaba determinar el plazo y condiciones de la sanción que recaería sobre Salomón, pero todo ello quedaría inicialmente trasparentado el último lunes. Sin embargo, hubo un cambio de escenario y la presidente de la comisión, Cristina Coria, propuso la conformación de una Comisión Especial, una instancia contemplada en el Art.49 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante.

¿Qué pasó? La semana pasada referentes del Concejo Deliberante fueron alertados de un reciente antecedente en Rosario de Lerma, una localidad de poco más de 17 mil habitantes ubicada a 33 km de la ciudad de Salta. Luego de una inicial sanción económica, dos concejales de ese distrito lograron un fallo favorable de la Corte de Justicia de Salta, que objetó el procedimiento llevado adelante por el Concejo Deliberante.

En diciembre de 2018, los ediles Guillermo Galleguillos y Griselda Galleguillos -ligados al mediático Alfredo Olmedo- fueron responsabilizados por “conductas agresivas en contra de los demás integrantes del cuerpo, tanto en las reuniones de comisión como en las sesiones”, por lo que fueron sancionados con el voto de seis de los nueve concejales con un recorte del 25% de sus dietas, además de obligarlos a presentar un certificado de aptitud psicológica para seguir en el cargo.

Guillermo y Griselda Galleguillos, los concejales de Olmedo que marcaron el antecedente

Sin embargo, en julio de 2019 la Corte de Justicia de Salta hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad y dejó sin efecto la Resolución 061/18 del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma. Finalmente, esta semana se conoció el fallo sobre la cuestión de fondo, donde se comprobó que ambos concejales no tuvieron garantizado su derecho a la defensa y, en el proceso investigativo, no se conformó la Comisión Especial que contempla el artículo 103 del Reglamento Interno, quien debe disponer las medidas del caso.

“Estas irregularidades hacen mella en el debido proceso, en tanto las formas sustanciales de la garantía de la defensa deben ser observadas en toda clase de juicios, sin que corresponda diferenciar causas criminales, juicios especiales o procedimientos seguidos ante tribunales administrativos”, consideraron los jueces de la Corte de Justicia.

En función de esa situación y considerando que Salomón ya avanzó con una denuncia judicial contra los agentes de Inspección General y los efectivos policiales que intervinieron en el operativo, las autoridades del Concejo Deliberante buscan “cubrirse” de posibles irregularidad en la tramitación del caso. El acuerdo de avanzar con la Comisión Especial, según supo La Tecla Mar del Plata, involucró tanto al oficialismo como a la oposición.

La cautela además se extiende porque en la normativa vigente no está contemplado el procedimiento a seguir para sancionar a un Defensor del Pueblo, por lo que se lo homologó a la situación de un concejal. Y se echó mano al Artículo 49 del Reglamento Interno del HCD, que plantea las condiciones en las que se puede crear una Comisión Especial. Se aguarda que para el próximo lunes Coria presente una propuesta formal por escrito, con el detalle de los objetivos y el plazo en el cual dicho espacio deberá formular un dictamen no vinculante. Se especula que un mes sería un plazo apropiado. También se busca ampliar la participación a los espacios políticos que no integran la comisión de Legislación, por lo que se abrirían las puertas a Acción Marplatense y Tercera Posición.