El asesinato de Luciana Rodríguez, la niña de 3 años que fue víctima de maltrato infantil, sigue generando repercusiones. Tras la imputación de seis funcionarios vinculados con el caso, el Gobierno anunció nuevas medidas para garantizar el funcionamiento de los organismos que conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Mendoza.

Por su parte, ATE y Ampros convocaron a un paro este viernes y, además, trascendió que la mamá de la nena estaría embarazada nuevamente.

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos anunció la designación de María de los Ángeles Díaz como directora de Promoción y Protección de Derechos, quien deberá seguir adelante con la investigación en torno de las conductas seguidas por los funcionarios del Órgano Administrativo Local (OAL). Además se informó que para los funcionarios vinculados con la causa que sigue la fiscal especial Claudia Ríos "se ha dispuesto la suspensión preventiva".

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociacion Mendocina Profesionales de la Salud (Ampros) convocaron a un paro de operadores que trabajan en este organismo debido a las malas condiciones en las que tienen que cumplir su labor de asistencia social. La medida de fuerza está programada para este viernes y consiste en un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo que la labor diaria será cumplida por los jefes o directores.

Al respecto, Claudia Iturbe, gremialista de Ampros dijo en diálogo con Elevediez que “nuestra sensación es de impotencia porque esta situación fue denunciada desde el 2008, desde que los jueces dejan de actuar por una acordada con el gobernador. Todo se hace sin presupuesto, el aparato judicial se corre con toda la estructura, el presupuesto y los profesionales porque tienen el cuerpo oficial interdisciplinario conformado por 250 profesionales y un juez que ordenaba y oficiaba”, expresó.

La gremialista agregó que los trabajadores de la Dinaf no cuentan con la infraestructura, ni con el dinero, ni la movilidad necesaria para cumplir con su labor. “Luego de lo sucedido con Luciana voy a la OAL a ver a mis compañeros y ellos me dicen: ‘Claudia no tenemos movilidad, ni presupuesto para tomarnos un taxi’. No hay sillas, en la OAL la gente espera en la calle, en San Martín estuvieron dos años con el techo en el suelo, sin baño. Esto es lo que tiene la OAL que debe garantizar derechos sin tener garantizados los derechos ellos como trabajadores, porque no tienen garantías mínimas. Sabíamos que esto pasaría, lamentablemente tenía que haber una muerte para que esto saliera a la luz”, declaró Iturbe.

Por último, la sindicalista contó que, en una reunión que tuvieron el pasado 5 de diciembre con el entonces ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde, Rafael Vizcarra de la OAL dijo: “señor ministro tengo 200 casos sólo”. “Cómo puede ser que el caso de Luciana lo llevaba un operador, un administrativo”, expresó Iturbe.

Luciana Rodríguez murió hace una semana a causa de los golpes que recibió en la cabeza. La niña fue llevada por su padrastro, Jorge Orellano, a la Clínica Santa María, donde sólo pudieron constatar que había muerto.

Luego la Justicia ordenó la detención tanto de Orellano como de su pareja y madre de la víctima, Rita Rodríguez, a quienes se los acusa de homicidio agravado y homicidio agravado por el vínculo por omisión, respectivamente.

En las últimas horas trascendió que Rodríguez, de 24 años, estaría nuevamente embarazada.