A pesar de que se van a cumplir siete años de la desaparición física de la jóven Paulina Lebbos, la investigación sobre las causas de su muerte, de quienes fueron sus autores, y el esclarecimiento de las múltiples irregularidades que habrían cometido altos funcionarios policiales y de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Tucumán, siguen produciendo novedades que, no hacen otra cosa que dificultar el camino hacia la verdad.

El padre de la víctima, Alberto Lebbos, fue recibido por integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, y allí denunció que especialistas en investigaciones criminalísticas (dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación) que habían sido asignados a colaborar estrechamente con el fiscal de la causa, Diego López Avila, fueron apartados sin explicación alguna.

Seguramente que la determinación del organismo nacional no hubiera llamado la atención, si no perdurase el enorme impedimento de que integrantes de la Policía de la provincia particpen como auxiliares activos de la Justicia, por estar sospechados ex altos jefes y funcionarios de haber actuado premeditadamente para posibilitar el ocultamiento de pruebas, falsificación de documentos públicos, encubrimiento agravado, falsos testimonios y abuso de autoridad. Inclusive, el actual titular de la Policía, José Dante Bustamante, fue secretario privado de su antecesor (comisario Hugo Sánchez), y se cree que está al tanto de lo que entonces ocurrió en el marco de las actuaciones policiales.

En virtud de las recientes novedades, Redacción24 habló con el fiscal de la IV Nominación, Diego López Avila, para conocer el significado de no poder contar más con sus colaboradores de confianza. "Me pegaron una cachetada", resumió el magistrado su estado de ánimo.

"Es como perder mi escuadrón más confiable en pleno campo de batalla", ratificó gráficamente. Esteban Aybar Critto, perteneciente a Gendarmería Nacional, fue trasladado a Santiago del Estero; Juan Raimondo, regresó a cumplir funciones específicas en la Policiía de Seguridad Aeroportuaria, y Silvio Manino Leal, un abogado que había sido designado coordinador regional del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue desafectado de su cargo, sin previo aviso, y su futuro laboral pasó a la incertidumbre total. Tal es así, que intentamos hablar con el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Darío Ruiz. Su secretaria privada nos prometió respuesta inmediata a nuestra inquietud, lo que todavía no sucedió. Pero sí tenía bien presente a Silvio Manino Leal.

Las sospechas de Lebbos, de que se trataría de una decisión política, están bien encaminadas. Ahora, lo que resta conocer con precisión es si, el pedido partió del seno del Poder Ejecutivo provincial o de un llamado del juez Federal, Daniel Bejas.

La desactivación del equipo de investigación, deja a López Avila en la soledad más absoluta. Sin su gente de confianza, las actuaciones pendientes y programadas en el marco de la causa, sufrirán una parálisis inevitable. Lo que también pone a la causa en stand by forzoso, en un momento clave. Ya que el Tribunal que juzgó y condenó a los policías involucrados en las anomalías mencionadas, dio a conocer los fundamentos de su fallo. Y dentro de su contenido, le pide al fiscal López Avila que investigue a: Eduardo Di Lella; Hugo Raúl Sánchez; Luis Nicolás Barrera y Héctor Rubén Brito por posible comisión de delitos cometidos en la causa Lebbos.

El Tribunal encomendó al representante del ministerio público a que una vez firme la presente, debe investigar la posible comisión de los delitos de encubrimiento agravado; falso testimonio y abuso de autoridad por parte del ex secratario Di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; y el ex jefe de la fuerza, Nicolás Barrera; y el comisario Héctor Brito. Mientras que a Luis Orlando Bravo le cabe el supuesto delito de falso testimonio y otros que pudieran surgir de la investigación.

A la luz del dictamen del Tribunal, adquiere mayor relevanción la tarea del fiscal López Avila, quien en el mes de diciembre pasado, le había solicitado al juez Juan Francisco Pisa la prisión preventiva de Barrera y Brito. Pero el magistrado no le hizo lugar, por considerar que no contaba con elementos suficientes para dejarlos alojados en la cárcel.

Ahora, si el fiscal, por recomendación expresa del Tribunal, reitera y amplía su pedido. ¿El juez, volverá a negarse o procederá a apartarse de la causa, ya que uno de los actores sospechoso de tales delitos es, Eduardo Di Lella, persona con quien guarda una larga y estrecha amistad?

Leyendo atentamente las declaraciones de los acusados y testigos, y las consideraciones de los vocales: Carlos Santiago Caramuti; Dante Julio José Ibañez y Emilio Paez de la Torre, en el juicio oral, se desprende que, tanto Di Lella, como Sánchez; Barrera y Brito sabían el 11 de marzo de 2006, que el cuerpo encontrado en Tapia, era de Paulina Lebbos. Y si queda alguna duda, reproducimos el cambio de palabras entre el entonces fiscal de la causa, Alejandro Noguera y el ex secretario de Seguridad, que fuera publicado por elperiódico, semanario que se editaba en aquel tiempo.

Di Lella: ---- "No se preocupe doctor, ya está todo arreglado. Encontramos el cuerpo de la chica y tenemos todo dispuesto para llevarlo".

A lo que Noguera, casi fuera de sí, le respondió: ---- "Di Lella, vos sos boludo?. Alguien llega a tocar o levantar algo, y lo mando preso".

Este diálogo, que jamás fue desmentido por Di Lella, ni tomado en cuenta por la Justicia. Puede resultar, en esta oportunidad, la llave que abra una de las puertas que conduce al pasadizo donde se esconde la verdad del presunto encubrimiento.

Los pasos a seguir por López Avila, en las próximas horas, van a ser determinantes. En su decisión está el bonus operandis que necesite la causa para desentrañar la madeja de los silencios conspirativos y dejar expuestos a los partícipes necesarios que se prestaron para tanto desapego por la ley, y mucho menos por el dolor que envuelve a toda una familia sin consuelo, sin verdad, y sin Justicia.