a los fines de que arbitren las medidas necesarias en sus respectivas áreas para garantizar la seguridad de los letrados Bernardo Lobo Bugeau, María Cristina Grunauer y José Ricardo Falú.

El Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) reclamó a la Justicia y al Gobierno provincial que se arbitren las medidas necesarias para resguardar la integridad física de tres letrados que en los últimos días denunciaron haber recibido amenazas y presiones "por sus desempeños profesionales (reales o supuestos) en el marco del caso Lebbos".

Mediante sendas notas, dirigidas al fiscal de instrucción de la IV Nominación, Diego López Ávila, quien investiga el asesinato impune de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006, y al ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, la entidad profesional reclamó que se investiguen a fondo estos hechos.

Con las firmas de Francisco García Posse (presidente) y José María Adle (secretario), el CAT le reclamó a López Ávila "su mayor empeño y el empleo de todos los recursos a su alcance en las investigaciones que deben llevarse a cabo a raíz de las denuncias que ha recibido recientemente, motivadas por las amenazas y actos de coacción que han sufrido nuestros colegas, los doctores Bernardo Lobo Bugeau, María Cristina Grunauer y José Ricardo Falú".

Los abogados, estimaron "imperiosa la identificación de quienes resulten responsables de los denunciados ilícitos, para ser sometidos a proceso penal. Ello dará a nuestros colegas la necesaria tranquilidad en el ejercicio de su profesión, a la vez que el éxito de la investigación comportará un claro mensaje disuasivo que evite la reiteración de estas prácticas", subrayaron.

Reclamo de seguridad

En tanto, en la misiva enviada a Gassenbauer, se le informa que el CAT recibió "denuncias de distintos colegas colegiados de nuestra institución en las que nos ponen en conocimiento de distintas situaciones de coacción, presión y amenazas concretas que han recibido ellos mismos y/o sus familiares directos debido a sus desempeños profesionales (reales o supuestos) en el marco del caso Lebbos".

"Esta institución, con el propósito de proteger la independencia de los abogados en el libre ejercicio de la profesión, que garantiza el derecho de toda la sociedad de recibir asistencia letrada eficiente, rechaza y repudia enfáticamente cualquier acción de dudosa procedencia, que por medios ilegales y delictuosos pretenden minar la confianza de los abogados en la seguridad pública, para dejar indefensos a los ciudadanos o grupos de ciudadanos de la provincia", agregaron.

García Posse y Adle resaltaron que el CAT "defiende férreamente el régimen democrático constitucional y sus directrices supra legales, afirmando que el único camino posible para la convivencia pacífica pasa por el cumplimiento por parte de los organismos del estado de su obligación de adoptar las medidas necesarias para lograr la eficacia y eficiencia pretendidas por la ley".

Los dirigentes destacaron que "la seriedad y la oportunidad con que se implementen los mecanismos tendientes a garantizar las prácticas profesionales y la integridad física de quienes las ejercen y de sus familias, permite a la ciudadanía el acceso a la defensa a través de la libre elección de los letrados a quienes habrán de confiar el resguardo de sus derechos".

Por ello, le solicitaron al titular de la cartera de Seguridad Ciudadana que "arbitre los medios necesarios para garantizar la integridad física de nuestros colegiados en el ejercicio de la profesión de abogados, protegiendo igualmente a sus núcleos familiares". Al mismo tiempo, exigieron que "se ordene una profunda y eficiente investigación de los hechos denunciados por intermedio de los estamentos técnicos bajo su dependencia, tendiente a dilucidar y sacar a la luz a los responsables de este tipo de acciones delictivas y antidemocráticas, que no sólo afectan a la comunidad de los abogados, sino también a toda la sociedad".

Las amenazas

Respecto a Lobo Bugeau, fue el abogado designado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para examinar las más de 12.000 fojas del expediente del caso por el homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006.

El letrado redactó un lapidario informe, en el cual advirtió sobre las maniobras de encubrimiento realizadas para mantener impune el crimen, en el que estarían involucrados, según Alberto Lebbos, padre de la víctima, los hijos del gobernador José Alperovich y de su colaborador Alberto Kaleñuk.

Esa actuación de Lobo Bugeau resultó clave para que se aparte de la causa el anterior fiscal, Carlos Albaca, quien durante siete largos años no avanzó en la investigación y mantuvo en secreto total el expediente, al que le faltan dos cuerpos que se habrían extraviado.

El mes pasado, un hombre golpeó la puerta de la casa de Lobo Buggeau y fue atendido por su esposa, Milagros D´Hiriart, a quien amenazaron de muerte y, por su intermedio, enviaron el mismo mensaje a su marido. "Cortenla con Lebbos, basta de perseguir al Gobernador Alperovich, porque los vamos a hacer desaparecer uno por uno", fueron -según denunció oportunamente D´Hiriart- las palabras intimidantes del sujeto que los amenazó de muerte.

En cuanto al matrimonio de los abogados Grunauer y Falú, recibieron una amenaza anónima telefónica por su presunta participación en el caso Lebbos, aunque ninguno de los dos tiene absolutamente nada que ver con el expediente. Lo único que los relaciona, de manera indirecta, al caso es el hecho de que Falú es primo hermano del letrado Emilio Mrad, quien representa a Alberto Lebbos en la querella. Precisamente, según pudo averiguar EL SIGLO, en la amenaza telefónica, que fue recibida en el celular de la doctora Grunauer, la voz anónima se habría referido al parentesco.

Además, fuentes cercanas a la investigación confiaron a este diario que el número de teléfono desde el que se realizó el llamado anónimo al matrimonio Falú es el mismo que quedó registrado ese mismo día en el teléfono de Lebbos, a quien también amenazaron de muerte.