El caso de supuesto abuso sexual ocurrido en el jardín Cristo de la Frontera, de Las Heras, puso nuevamente en el ojo de la tormenta el accionar de la Dirección General de Escuelas (DGE) ante estos casos.
"La DGE ha procedido a la separación preventiva de la directora de la escuela 1-677 Cristo de la Frontera a fin de que la junta de disciplina de nivel inicial y primario sustancie la investigación administrativa", informó el gobierno escolar.
La titular de la DGE señaló que su dirección ya tiene una serie de procedimientos para aplicar en estos casos pero que necesita ser perfeccionado.
"La DGE tiene una forma de operar con procedimientos desde el 2010, que implica un acuerdo entre varios organismos que tienen que ver con la protección de los derechos de los chicos y, en nuestro caso, con la protección de los derechos de los docentes. Este protocolo necesita ser perfeccionado porque hay una mayor frecuencia de hechos como los que han ilustrado los medios y que han colaborado a que se conozca más este tema", señaló la funcionaria.
Abrile de Vollmer agregó que la resolución y la responsabilidad que tiene la DGE de aportar a que cada problema sea analizado de la mejor manera posible ha construido una nueva propuesta que "es de tal importancia que ha sido consensuado por el Consejo Provincial de Educación y el próximo jueves lo vamos a hacer con todos los supervisores de todos los niveles educativos de la provincia. A su vez, el 28 de agosto habrán jornadas de trabajo con los profesores y los alumnos de las escuelas secundarias y los docentes de las escuelas de nivel inicial y primaria. Lo trabajamos participativamente para que haya un conocimiento profundo de cómo actuar en cada situación", indicó.
Sobre los temas que abarcará este protocolo, la funcionaria señaló que se tratarán situaciones "de agresión física, de maltrato en las escuelas y acoso informático (ciber bullying). También va a poner énfasis en acoso sexual ya sea en la familia o en la escuela, así como trabajo infantil, trata de blanca, uso de armas y adicciones a drogas. Todo esto requiere de las autoridades educativas un conocimiento claro de qué pasos dar y luego, si hay una denuncia judicial ya excede nuestro campo y pasará al ejercicio de la Justicia", expresó Abrile de Vollmer
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