Esta expresión fue avalada por ediles de las distintas fuerzas políticas en sesión extraordinaria, ya que ven diezmada la autonomía del municipio a raíz de un fallo del máximo órgano judicial que rechazó que la comuna pueda delimitar los horarios de apertura y cierre de las casas de juegos de azar, o su posible relocalización, dándole esa ‘competencia exclusiva’ a la Administración de Juegos de Azar (Ajalar).
La convocatoria contó con un quórum holgado ya que asistieron 13 ediles sobre un total de 15 -Enrique Rodríguez y Andrea Mercado Luna excusaron sus ausencias- y el encuentro fue presidido por el vicepresidente primero, Ernesto Pérez.
Representantes de distintas organizaciones civiles, consejos profesionales, gremios, ex empleados de salas de juego y entidades vecinales, también sumaron sus opiniones al debate que tuvo como objetivos una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia que dejó en suspenso una ordenanza municipal que pone límites horarios al funcionamiento de los casinos en la ciudad.
En rechazo a ello, el concejal aliado al quintelismo, José Pisteck, remarcó su compromiso en defensa de las normas preventivas dictadas por el cuerpo para regular el funcionamiento de los casinos, y repudió la actitud de “avasallamiento” que tuvo el TSJ al fallar a favor de la firma Video Drome S.A.
“Estamos en un lugar para imponer normas que organicen a la sociedad y en tal sentido le pedimos al Ejecutivo que use todas las herramientas que sean necesarias para hacer cumplir la ordenanza”, manifestó Pisteck.
Por su parte, el radical Eleazar Arable acompañó la misma posición remarcando que el Concejo Deliberante “está en todo su derecho cuando legisla el horario de funcionamiento de los casinos” y aclaró que su postura “no intenta agredir a nadie”.
“Venimos a defender con convicción lo que hemos sancionado, porque no vamos a esperar que los chicos se convoquen para ir a jugar unas fichas antes de ir a la escuela”, disparó, al tiempo que recalcó que el gobierno aun no reglamentó la ley 8111 que regula el funcionamiento de las casas de juego.
El edil le pidió a la Justicia “celeridad” para tratar la cuestión de fondo “porque con la excusa de frenar una daño se provoca otro que es el de la continuidad del juego compulsivo”.
El concejal bederista Heber Sirerol, en tanto, afirmó que “el juego no es un ordenador social como lo es el trabajo”, por lo que propuso un trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado provincial y municipal para enfrentar la situación.
Sirerol dijo que no desconoce la autoridad de aplicación que tiene AJALAR, pero defendió la jurisdicción municipal para legislar sobre el tema de los horarios y la localización de los casinos “ejerciendo facultades propias”, en tanto que apeló a la responsabilidad social empresaria por el daño que provoca el no cumplimiento de los horarios.
El edil coincidió con su par radical al exigir la pronta expedición del TSJ en la cuestión de fondo, para que si la ordenanza 4844 se declara inconstitucional se proceda con otras herramientas legales. Por su parte, el bosettista Lucas Luna acompañó con cautela la posición de los otros concejales, aunque pidió respetar las decisiones de cada poder del Estado como lo es el Poder Judicial, encarnado en el STJ.
Finalmente, el referente quintelista Ernesto Pérez indicó que diciente con los jueces en lo que ellos llaman industria del juego. “Para mi es la industria de la pobreza”, remarcó el edil que pidió permiso para expresarse desde el estrado desde donde presidió la sesión.
Pérez informó que hay datos que aseguran que el juego alcanza el 2 por ciento del PBI del país, lo que a nivel local significarían unos 100 millones de pesos y que es una actividad en crecimiento.
“Este Concejo Deliberante tiene la potestad para defender a los ciudadanos de la ludopatía”, remarcó el concejal al tiempo que expresó que “le queda la duda si es que los tres jueces que dictaminaron a favor de Video Drome S.A. lo hicieron con buenas intensiones”.
Se refiere puntualmente a Claudio Ana, Luis Brizuela y Mario Pagotto, quienes en el fallo votaron a favor de los empresarios del juego, a excepción de Nelson Luna Corzo quien avaló la autoridad del municipio de legislar sobre el horario y localización de los casinos.
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