El Instituto Provincial de Juegos y Casinos destina buena parte de sus ingresos al financiamiento de planes sociales o programas de salud. Con la renegociación del contrato de concesión de las tragamonedas, hubo un ganador, que es la empresa proveedora de las máquinas, vinculada el grupo Vila-Manzano, y los perdedores son muchos más que el Instituto.

De acuerdo a los datos de recaudación, en caso de que se aplicara el cambio en el contrato que dispone pagar el 47% de los ingresos a la empresa Mendoza Central Entretenimientos, los programas médicos y sociales que se financian con la recaudación perderían un 5% de sus recursos. Eso aún no sucede, pero se espera que en cualquier momento se aplique ese canon, en cumplimiento de la polémica renegociación de la concesión.

Con el 35% de los ingresos del organismo del juego se financian distintos programas, como el de apoyo al paciente oncológico, el de asistencia a los pacientes de sida, el de ablación e implantes, el de prevención y atención integral al maltrato a la niñez, el de prevención y asistencia de diabéticos, el de detección precoz de cáncer de cuello de útero y mama, o el de obesidad mórbida en niños y adolescentes, entre otros.

La lista es larga y está publicada en la web del Instituto de Juegos y Casinos. La pregunta es cómo se perjudicarían estos programas en caso de aplicarse el canon previsto en la renegociación. La respuesta es sencilla: de la recaudación total de las máquinas tragamonedas se paga el canon a la empresa.

El resto queda para el organismo, al que se le sustrae el 35% que corresponde a los programas. Si la empresa concesionaria se lleva más, entonces caen los ingresos del Instituto y, por consiguiente, queda menos plata para los programas.

De acuerdo a la renegociación del contrato, la empresa se comprometía a colocar más tragamonedas y a hacer las obras necesarias para albergarlas, a cambio de que se modificara el canon. Esa modificación se hacía gradualmente, de acuerdo a los niveles de cumplimiento de las obligaciones: La idea original era que, al aumentar la cantidad de máquinas a casi el doble, el Instituto cobraría casi lo mismo y, de esa forma, no se afectarían sus ingresos, que sirven para financiar esos programas.

Del canon original de 26,23%, se elevaría al 33,92%; de ahí al 40,09% y finalmente al 47%. Aún no está en plena vigencia el canon superior.

Desde febrero de este año está vigente el pago de 40.09% a la concesionaria y aún no se firma el incremento a 47%, a pesar de que las condiciones ya están cumplidas desde julio, cuando se inauguraron las obras. Es decir, en cualquier momento el directorio estaría en condiciones de incrementar el canon y entonces, los ingresos del Instituto bajarían.

Está de más decir que no sería mala idea lograr que el Instituto recaudara más para destinar más dinero a programas de salud y sociales, sobre todo en tiempos de escasez y de inflación, pero los términos por los que se firmó pretendían sostener la recaudación anterior, no incrementarla. Pero, a pesar de este concepto "igualador" que supuestamente era el rector de la renegociación, los recursos no sólo no crecerán sino que serán menores.

Como las condiciones previstas en el convenio renegociado se están cumpliendo desde julio, Los Andes toma los datos de recaudación desde ese momento.

De julio a noviembre de este año, el total de recaudación de las tragamonedas llegó a 36,2 millones de pesos, esto es con 550 máquinas. Si se aplica el 47%, que es el canon que, según el convenio que se firmó durante el gobierno de Celso Jaque, debería estar cobrando la empresa Mendoza Central Entretenimientos, la concesionaria que pone las tragamonedas en el casino estatal se llevaría 17 millones de pesos y el Instituto 12,4 millones. Esto implica que para programas habría 6,7 millones de pesos.

En el mismo período del año pasado, con 369 máquinas, se recaudaron 27,3 millones de pesos. En aquel momento el canon era del 26,23%%. La empresa del grupo Vila-Manzano se llevó 7,1 millones de pesos, mientras que el Instituto obtuvo 13,1 millones de pesos. Para programas sociales y de salud hubo 7 millones de pesos.

Esto es poco más de 300 mil pesos más de lo que se hubiera llevado con el canon al 47%. Esa diferencia implicaría una caída de 4,9% de un año a otro, cuando hubo en este lapso un 25% de inflación. En contrapartida, Mendoza Central Entretenimientos se hubiera llevado casi diez millones más, lo que implica un 137% más que el año pasado.

Desde los corrillos políticos se sostiene que es por este motivo que, a pesar de que las condiciones para incrementar el canon están cumplidas desde julio pasado, el directorio del Instituto de Juegos, que conduce Nidia Martini, aún no firma el incremento. Nadie quiere hacerse cargo de quitar plata a cuestiones sensibles para dársela a un poderoso grupo empresario.

Sin embargo, desde el casino, el rumor es que Mendoza Central Entretenimientos está presentando religiosamente, desde julio, su factura por el 40,09% para cobrar el canon y, aparte, están presentando la factura por el 6,01%, que es la diferencia para llegar al 47%. Y esa factura por la diferencia el Instituto la está recibiendo. Eso implica que el grupo Vila-Manzano espera cobrar algún día el retroactivo correspondiente.