A días de cumplirse un mes de la toma de los barrios del sector norte, las familias que ocuparon las viviendas continúan solicitando la adjudicación a los funcionarios responsables de las áreas de gobierno que poseen a su cargo la construcción de los barrios. A la fecha, y a pesar de las denuncias efectuadas en contra de los usurpadores, la Justicia aún no realizó ninguna intervención, los funcionarios responsables de la propiedad privada del Estado, si bien se manifestaron en contra de la acción de las familias, tampoco ejecutan políticas de resguardo del espacio donde se emplazan los barrios que tienen a cientos de ciudadanos como futuros propietarios de las casas.

Desde hace 25 días los barrios ubicados en avenida Choya, en las inmediaciones de Terebintos, se encuentran tomados por más de 48 familias, las edificaciones del barrio 30 viviendas, ubicadas en el sector aledaño al barrio UOCRA, están en la misma situación. Mientras que desde el 26 de noviembre pasado, treinta familias ocupan las unidades habitacionales casi finalizadas situadas cerca de las 500 viviendas del norte de la ciudad.

Los ocupantes mantienen la postura de permanecer en los barrios a pesar de los avisos de denuncias en su contra, la necesidad de un espacio para vivir es la justificación que en la mayoría de los casos se presenta para la toma de los grupos habitacionales que se encuentran en pleno proceso de construcción por parte de las empresas adjudicadas para la realización de las viviendas.

Al respecto, las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda endilgaron parte de la responsabilidad a los propietarios de las empresas constructoras que tienen a su cargo las obras; asimismo manifestaron su posición en contra de la toma de viviendas.

El paso del tiempo otorga a los ocupas la posesión del espacio y el sentido de pertenencia del lugar que tomaron ilegalmente, y empiezan a sentirlo suyo; el traslado de pertenencias y la adecuación de las estructuras es una de las más claras señales de que el transcurso de los días también extiende la esperanza de permanecer y quedarse allí.

Responsabilidad

El Instituto Provincial de la Vivienda, mediante un comunicado oficial, adjudicó a las empresas la responsabilidad del “resguardo de las obras”, como así también “la vigilancia para impedir el acceso de personas ajenas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de licitación adquirido previo a su asignación, y por lo tanto, éstas son responsables hasta su culminación y encargadas del acto de realizar la denuncia por usurpación”.