Martín “Casate” Vargas es el único imputado por el homicidio de Ana María Molina. La mujer de 40 años, que tenía protección policial en su vivienda a raíz de amenazas, fue baleada el 21 de enero de 2012 cuando circulaba en un vehículo por calles de las 1.311 Viviendas. Luego de agonizar 48 días en el Hospital Regional, falleció el 9 de marzo.

Por entonces era vox populi que Vargas formaba parte de un grupo enfrentado con otro bando del mismo barrio conocido como “los Rodríguez”. Ana Molina era pareja de Juan Rodríguez y viajaba como acompañante en el vehículo que conducía éste y que fue atacado a balazos en Lisandro de la Torre casi Patricios.

“Casate” estuvo imputado desde un primer momento en el caso y luego de gozar de arresto domiciliario había recuperado la libertad el martes 29 de enero último. Fue después de que la jueza penal Margarita Pfister considerara que se habían vencido los peligros procesales. Además de dejarlo libre, la magistrada le ordenó prohibición de acercamiento a las 1.311 Viviendas, salvo para visitar a su madre enferma.

El sospechoso había permanecido bajo arresto domiciliario desde el 18 de junio de 2012 cuando su abogado defensor particular, Guillermo Iglesias, presentó un informe ambiental en el cual se manifestaba que estaban dadas las condiciones para la morigeración de la prisión preventiva. En esa oportunidad la fiscalía se opuso a la morigeración propuesta por la defensa, pero la juez Pfister resolvió el arresto domiciliario.

Mientras, en la audiencia de revisión desarrollada el 29 de enero de este año donde se decretó su libertad por vencimiento de los peligros procesales, la fiscalía buscaba pedir la revocación de la prisión domiciliaria de Vargas.

El Ministerio Público argumentaba que el imputado había violado la reclusión domiciliaria durante la noche del miércoles 23 de enero cuando fue sindicado por personal policial de la Seccional Quinta como protagonista de un tiroteo contra un grupo antagónico y se lo acusó también de enfrentarse con la misma policía.

Sin embargo, el procedimiento policial de esa noche, que dejó como saldo dos armas secuestradas y la detención de Vargas y de otras tres personas, fue declarado nulo por el juez Miguel Angel Caviglia, quien entendió que no había testimonios que dieran cuenta del tiroteo y tampoco indicios que indicaran un posible enfrentamiento. Hay que recordar que esa noche la Brigada de Drogas Peligrosas secuestró además doce plantas de marihuana.

Antes de dejarlo libre bajo imputación el 29 de enero, Psfister le impuso a Vargas una serie de medidas sustitutivas. Una de ellas consistía en la prohibición de acercamiento a las víctimas, en este caso la familia Rodríguez, en la calle Sargento García al 3.000. A la vez, hizo lugar a un pedido para que Vargas pudiera visitar a su madre en la calle Teniente Vázquez al 3.300, ya que la misma atravesaba problemas de salud. De esa manera sólo podía visitar su casa, pero no podía volver a vivir en el barrio, al menos hasta que se esclarezca el caso.

PROFUGO

Pese a todos los beneficios que le fueron otorgados, finalmente ayer cuando debía presentarse en la Oficina Judicial para ser sometido al juicio por el homicidio de Molina, Vargas no apareció. Incluso el 15 de febrero, ya en libertad, había sido detenido por la policía en Kilómetro 5 como acompañante de Lucas Willatowsky, cuando viajaban en un automóvil en donde secuestraron un revólver 38.

En el acto judicial de ayer, el debate fue presidido por los jueces Hugo Américo Juárez, Mariano Nicosia y Daniela Arcuri. Mientras, el Ministerio Público Fiscal fue representado por Marcelo Crettón; y la defensa por el abogado Guillermo Iglesias.

Sin embargo el juicio fue suspendido ante la ausencia del imputado, decretándose su rebeldía y su captura. Una vez que el acusado sea localizado, se procederá a su detención, se realizará la audiencia de rebeldía y luego se fijará fecha de continuación del debate.