Cumplir el sueño de la casa propia se dilata para la clase media mendocina. De la misma manera que para el gobierno de Celso Jaque la ilusión de inaugurar una vivienda destinada a ese sector social antes de que termine su mandato en diciembre del año próximo.

Luego de varios planes que fracasaron, todas las expectativas están puestas en el programa que será financiado por la Anses, a través de un fideicomiso que tarda más de lo esperado en formalizarse. Aunque pasó más de un año desde que fue aprobada la ley, aún no se firma el convenio con el Nación para constituir esa herramienta y la espera continúa.

De ese programa dependen más de 5 mil familias que están anotadas hace años en los municipios. Por eso, las entidades intermedias, gremios y las comunas se quejan y presionan por la demora:"Nosotros ponemos la cara y ya no sabemos qué decirle a la gente", se quejó un dirigente sindical.

En el Gobierno acusan recibo de las presiones, pero explican que las demoras se deben a la enorme cantidad de trámites y negociaciones que se deben realizar para conseguir el financiamiento. Igualmente, aseguran que van a dejar una herramienta financiera que permitirá acelerar luego la construcción de las casas. También afirman que lograron que la Nación subsidie 2.300 casas.

Para entrar en el programa de financiamiento de la Anses, cambió el origen tradicional de los recursos delIPV. Antes eran netamente subsidiados por la Nación.Ahora, el Instituto emitirá bonos y la Anses pondrá el dinero pero hay que devolvérselo con el recupero del pago de las cuotas.

El Ministerio de Economía de la Nación acaba de autorizar alIPV a emitir la primera serie de los bonos para conseguir el financiamiento. Pero aún falta que se firme el convenio con "Nación Fideicomisos", la entidad que emitirá y comercializará esos títulos.

Luego, la Anses debe comprarlos y recién allí estaría la plata.Los plazos se estiran y al menos esperan poder iniciar algún barrio para la clase media el año que viene (una meta que se pretendía lograr durante 2010), aunque han perdido la esperanza de que sean Jaque y el gobierno peronista los que entreguen las primeras viviendas construidas por este sistema.

La primera emisión será por 138 millones de pesos, que servirían para financiar unas 1.300 casas. Los aspirantes para recibir una de esas viviendas deberán certificar ingresos de por lo menos 2.925 pesos y el plazo para pagar será de 20 años.El monto de las cuotas será variable según el poder adquisitivo de cada familia.

Pero antes los municipios deberán replantear los proyectos, porque se apunta a priorizar los barrios de menos de 50 casas. Ayer hubo una reunión entre el presidente del IPV, Carmelo Simó, y representantes de todos los municipios, quienes volvieron a presentarle las quejas al funcionario provincial.

Aunque se llevaron la noticia del avance de los trámites, los funcionarios de las comunas acordaron no llamar a licitación para ningún barrio hasta que no esté garantizado que llegará con certeza el dinero de la Anses.

"Obviamente tenemos mucha presión. Ha sido muy difícil la situación, sobre todo porque el 7 de diciembre del 2007, dos días antes de que asumiera Jaque, el Gobierno anterior dejó priorizadas 12.980 viviendas. Ojalá que hubiera estado la plata, pero nunca la encontramos y tuvimos que derogar esa resolución, porque no existía el financiamiento. Detrás de cada uno de esos proyectos está la gente a la que le tuvimos que dar la cara", explicó Simó.

La presión viene de parte de los municipios, gremios, mutuales y entidades intermedias que promueven los proyectos de vivienda."No sabemos qué cara ponerle a la gente porque no podemos prometerle más nada. El Gobierno no ha dado soluciones", aseguró el representante de un gremio que tiene un emprendimiento a la espera en elGran Mendoza.

La actual gestión ya intentó sin éxito, en 2008, otro plan para construir viviendas para la clase media. Su idea original era subsidiar con recursos de la Provincia la tasa de interés de los créditos bancarios. Pero el plan fracasó porque, en medio de la crisis financiera mundial, los bancos optaron por no arriesgarse y no se sumaron.

Para conseguir la aprobación de la Anses, elIPV debió reestructurar todo el sistema de cobro, acotando el plazo de pago a 20 años:pero también se ajustaron las cuotas: serán del 20 por ciento de los ingresos familiares y como mínimo del 20% del salario mínimo vital y móvil, todo para garantizarle a la Anses la posibilidad de recuperar la inversión.

Hasta ahora, sóloChaco ejecutó completamente el programa financiado por la Anses. En Mendoza habían prometido el inicio de obras para enero pasado y ahora no se animan a poner plazos. "Queda firmar el contrato. Sería muy irresponsable hablar de plazos. Lo importante es que va a quedar una herramienta financiera muy importante", asegura Simó.