Alrededor de la mitad de las 3.000 casas del megabarrio Lomas de Tafí (Tafí Viejo) que fueron relevadas por la Fiscalía de Estado estarían en situación irregular. Según datos que trascendieron en la Casa de Gobierno, se tratarían de más de 1.500 unidades. Entre las anomalías se encontraron viviendas vacías, inquilinos, habitantes que no eran los adjudicatarios o que no pudieron demostrar su vínculo legal con el inmueble y vecinos que no atendieron la puerta, pese a encontrarse dentro. De acuerdo con las normas del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), las viviendas sociales deben ser ocupadas dentro de los 90 días después de la entrega y no pueden ser negociadas hasta después de tres años de la adjudicación (los plazos cambian de acuerdo al plan). Por ello, se registraron sólo aquellas ubicadas en los sectores más nuevos de Lomas Norte y Lomas 3.000 (del IX al XX). El gobernador, José Alperovich, ya recibió el informe preliminar. “Les di orden a los fiscales para que intimen, sean durísimos y vayan a fondo. No hay parientes ni amigos. Acá se han hecho mal las cosas. Hay que quitar las casas y dárselas a quien las necesite”, condenó el mandatario ayer.

Hace 20 días y a partir de denuncias que había recibido, Alperovich había ordenado una auditoría. Desde entonces los abogados del Estado recorrieron la zona y ahora el Ipvdu efectúa un cruce entre los datos obtenidos y los que tenían en sus bases.

Del “censo” habría surgido que sólo 1.400 unidades estaban en regla. Mientras que 350 estarían deshabitadas (equivale a un sector completo). Este dato preocupó al Ejecutivo.

“Estamos haciendo un trabajo interno de entrecruzamiento de datos con diversas entidades que nos informan sobre el comportamiento de los adjudicatarios posteriores a la adjudicación. Nos estamos abocando en primer término a las propiedades deshabitadas. Aproximadamente son el 15%”, detalló el fiscal Jorge Posse Ponessa. Aseguró que las denuncias espontáneas de los vecinos fueron un aporte valioso. “Alguien que no se fue a vivir aún es porque no necesita la casa, no debería tenerla. Hay muchísima gente inscripta (en el Ipvdu) que no tiene donde vivir. El comportamiento de los adjudicatarios no ha sido el adecuado”, lamentó.

Gustavo Durán, titular del Ipvdu, advirtió que la Fiscalía envió cuáles son las viviendas que estarían irregulares. “Nosotros ya tenemos actuaciones en muchos de los casos. Vamos a seguir adelante, tratando de dejar sin efecto adjudicaciones que correspondan”, afirmó. Aclaró que este último trámite no es inmediato, dado que cuenta con una pata administrativa y otra judicial. “Sucede en otros barrios también, sólo que Lomas es lo que más se nota. Estamos haciendo inspecciones en uno de San Andrés, donde se entrego hace dos años”, adelantó.

El barrio cuenta con 5.000 casas subsidiadas por el Estado y costó $900 millones (a precios de 2013). Había comenzado a construirse a fines de 2005 y las últimas unidades fueron entregadas en junio del año pasado.