El caso llegará así a juicio tras unificar planteos entre la fiscalía y la querella. La acusación que compartieron incluye como agravantes el empleo de un arma de fuego y que el hecho haya sido cometido por un miembro de la Policía que, abusando de su función, utilizó la pistola que le proveyó el Estado para asesinar a Matías.

“Se da el abuso policial y hay que aplicar ese agravante”, sostuvo ayer el fiscal Pablo Vignaroli en la audiencia de control de acusación. Los abogados querellantes, Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero, adhirieron a su planteo.

“Matías es asesinado con un arma provista por el Estado”, remarcaron; y aunque consideraron que en el caso también hubo alevosía, por el estado de indefensión de la víctima y el “desprecio absoluto por la vida” que demostró Méndez, finalmente prevaleció el acuerdo de partes para ir de una vez a juicio. El delito que le imputaron fue el de homicidio doblemente calificado.

El paso siguiente corre por cuenta de la Oficina Judicial, quien por disposición del juez Marcelo Muñoz deberá fijar en un plazo de 20 días la fecha para la audiencia, en la que se seleccionarán los jurados populares.

Además de definir la calificación del delito por el que Méndez será juzgado, las partes ofrecieron elementos probatorios; y sobre este punto el juez Benavides fue muy claro: sólo se incorporará al debate la prueba ya producida a lo largo del proceso, en acuerdo con la fiscalía.

Es por eso que desestimó el planteo del defensor Carlos Ronda que solicitaba que se realice una reconstrucción del hecho, un informe técnico y una planimetría balística para determinar trayectoria y ángulo de tiro; y la posición y distancia entre víctima y victimario.

También rechazó la pretensión de la querella, de pedir un informe al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre el gatillo fácil como realidad social, número de casos y características comunes. Benavides sostuvo que no corresponde admitir en esta etapa pruebas que no se solicitaron antes.

Sí dio lugar a la vasta prueba ya producida sobre el hecho y a la incorporación de otros testigos de parte de la defensa y la querella, que exceden la lista propuesta por el fiscal. Es el caso de Elizabeth Hernández, la mamá de Braian.

El juez también admitió el informe balístico que realizó el criminólogo Enrique Prueger, a pedido de la querella; y a su vez aceptó como testigo a una mujer perito que ofreció la defensa para contrarrestar esa prueba.