La Protectora Asociación de Defensa del Consumidor le ha hecho saber al gobernador Francisco Pérez, en una carta abierta, que está violando la Constitución nacional al no llamar a una audiencia pública antes de anunciar el aumento del servicio de agua, que comenzará a regir el viernes y que será de 25,42 por ciento.

En su artículo 42, la Constitución nacional dice: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control…”.

Para esta movediza ONG, la suba del agua no cumplió con los pasos previos establecidos ni por la Carta Magna ni por el ente de control –el EPAS– que, a su vez, considera innecesario desde que el servicio de agua y cloacas pasó a ser controlado por el Estado, tras su etapa privada.

“El EPAS, además de no cumplir con lo que debería –en este caso llamar a una audiencia pública– es innecesario porque desde el Estado controla al Estado. Esa superposición la pagamos los usuarios”, detalló José Ramón, miembro de Protectora.

Respecto de la no realización de una audiencia pública para informar a los usuarios y “blanquear” el anunciado plan de obras que se realizará con los fondos derivados del aumento, Ramón dijo: “Al ser un servicio público y monopólico, los funcionarios del Gobierno deben transparentar todos los aspectos posibles al usuario, establecer en audiencia pública los verdaderos costos, el plan de financiamiento, deben publicitar lo que se está haciendo”.

En ese sentido, afirmó que los cortes de agua en los últimos días por la rotura de un caño madre en Luján –en coincidencia con la publicación de la suba en el Boletín Oficial– “parecen una tomada de pelo”.

Asimismo, Ramón dijo: “Protectora ya le ha pedido al Gobierno y a la Legislatura que obligue al EPAS a poner las sanciones correspondientes por los últimos cortes”.

“La audiencia pública es necesariamente el único mecanismo que permite a los usuarios intervenir en forma democrática para obtener la información adecuada sobre los presupuestos que ha tomado la administración para fijar los nuevos cuadros tarifarios y las modalidades de prestación del servicio, destacando la garantía objetiva de poder requerir la transparencia de los costos y cómo los mismos representan la base de la tarifa. Y, por sobre todo, se les da la posibilidad a los usuarios de requerir que la tarifa tenga proporcionalidad con sus ingresos, cuando los mismos impactan en los sectores más vulnerables de la sociedad”, dice la carta abierta que le envió Protectora al gobernador Pérez.

“Estamos abriendo un cambio que va a explotar, los usuarios no estamos comiendo vidrio, dijo Ramón, quien adelantó que ‘está madurando’ una presentación judicial”.

Explicación.

Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), se detalló que no se realizó audiencia pública por este último aumento porque se trata de una adecuación “de emergencia por el estado de la empresa, posibilidad que está contemplada en el Programa de Convergencia Energética”.

Esto, justamente, cuando los funcionarios Rolado Baldasso, ministro de Infraestructura, y Luis Böhm, titular de Aysam, detallaron que la suba se encuadraba en el programa citado.

“Es la tercera etapa del Programa de Recomposición y Convergencia de la Tarifa de Aysam, que comenzó en el 2011”, citaron los funcionarios. Este no contempla audiencias públicas, detallaron desde el EPAS.