En el texto, al cual 0223.com.ar tuvo acceso, el apoderado explicó que "mediante la disposición del Subsecretario de Control del 10 de diciembre de 2008 se resolvió en forma intempestiva, arbitraria e ilegítima denegar a INC la habilitación municipal solicitada para desarrollar las actividades de Supermercado y Garaje Comercial en el local ubicado en la calle Córdoba n° 1830/42/46 de la ciudad de Mar del Plata, a pesar de encontrarse reunidos desde hacia casi cuatro meses todos los requisitos exigidos para que la Municipalidad extendiese la habilitación" del señalado emprendimiento comercial a tal fin se "utilizó como pretexto la sanción de la ordenanza n° 18788, publicada el 31 de diciembre de 2008".

Según Héctor Luis Argüello, la iniciativa del gobierno municipal "adolece de nulidad absoluta e insaneable en tanto se ha emitido con exceso de las facultades municipales; en abierta violación al derecho aplicable y con una finalidad desviada".

Y agregó que la pretendida aplicación retroactiva de la cuestionada norma es "un claro desconocimiento de los derechos adquiridos de INC y de sus legítimas expectativas, ambos constitucionalmente protegidos. Todo ello justifica también la tacha de inconstitucionalidad de la citada ordenanza, así como del acto de aplicación al caso de INC".

A reglón seguido, adelantó que la ordenanza "será objeto de oportuna impugnación judicial".

A su vez, destacó que "la aplicación de la ordenanza a INC en el marco de las presentes actuaciones ha ocasionado y continúa ocasionando perjuicios graves e irreversibles tanto a INC que se ha visto arbitrariamente impedida de iniciar las actividades comerciales del supermercado instalado en el domicilio citado, a pesar de haber cumplido con todo lo requerido a tal efecto, realizando una inversión millonaria al amparo de las normativas aplicables a su emprendimientos y los actos propios de la Municipalidad, como a los terceros directamente involucrados con el emprendimiento (empleados directos contratados; proveedores de servicios, etc) y los usuarios y consumidores en general, cuyos derechos e intereses legítimos también amparados constitucionales se ven igualmente afectados por la ordenanza y sus pretendidos efectos retroactivos sobre el establecimiento comercial objeto de las situaciones de referencia".

"En esas condiciones, la suspensión de los efectos de la ordenanza resulta indispensable a fin de impedir que se continúen generando e incrementando los graves perjuicios señalados supra cuyo resarcimiento deberá afrontar el Municipio y permitir que INC, así como los restantes terceros y consumidores en general, puedan ejercer, sin restricciones ilegitimas, sus derechos constitucionalmente amparados (que incluyen asimismo el normal desarrollo de otros proyectos de INC para la ciudad y la posibilidad de continuar contribuyendo al interés general del Partido), subrayó.

Por último, recalcó que "la medida que se solicita no afecta los intereses públicos sino que contribuyen a preservarlos y que los daños que provoca la aplicación de la ordenanza son de mayor trascendencia y gravedad a los que podría ocasionar su suspensión, circunstancia que confirma la procedencia del pedido".

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