“La conformación de los Juzgados Contravencionales depende exclusivamente de decisiones políticas. Es cierto que por una norma (la Ley de Presupuesto) no se han asignado los fondos para la puesta en marcha. Pero la Corte (Suprema de Justicia de Tucumán -CSJT-) puede pedir ese presupuesto, de modo que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) designe a los jueces contravencionales. Hoy sólo cuando se producen apelaciones por sentencias de la Policía estas causas llegan a la Justicia. Y, para colmo, se carga con casos de contravenciones a los jueces de Instrucción, que están abarrotados”.

El legislador Marcelo Caponio (PJ), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, agregó nuevos elementos en la disputa entre la CSJT y la Legislatura, quienes cruzaron acusaciones de mora en materia de contravenciones. Antonio Gandur, presidente del máximo tribunal local, había marcado -tras unos dichos del propio Caponio- que si bien los Juzgados Contravencionales fueron creados por ley N° 6.756 en 1996, el propio parlamento tucumano “frenó” las partidas presupuestarias al suspender su puesta en marcha con la sanción de las consecutivas Leyes de Presupuesto General Anual.

El legislador Caponio -sin aludir al presidente de la Corte- aseguró que “tiene conocimiento de la falta de partidas” para que el CAM designe a magistrados que entiendan específicamente en las faltas sociales consignadas en el Código de Contravenciones Policiales (CCP). “Dos años después de la ley que creaba los Juzgados Contravencionales, se sancionó otra norma que asigna esas funciones, en caso de apelaciones, a los jueces de Instrucción en lo Penal. En teoría, ellos cumplen ese rol, pero está a la vista que no es así, ya que no todas las causas llegan a los Tribunales, y a su vez no todas las que llegan se resuelven, por la cantidad de trabajo que hay en esas oficinas”, cargó el oficialista.

Cada semana, la Policía arresta, procesa y sentencia -con multa o días de arresto- a las personas que infringen el CCP, creado durante la última dictadura militar, y declarado inconstitucional en su proceso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al fallar en 2010 en el caso “Núñez”.

Esta potestad que ejercen las fuerzas de seguridad, bajo el amparo de la ley N° 5.140, fue cuestionada en una sentencia del pasado 7 de mayo por la CSJT. Tanto el Poder Judicial como la Legislatura se achacan moras en esta materia: el primero le marcó al segundo el “retraso normativo”; el otro lo acusó por la tardanza para la creación de Juzgados Contravencionales.

El legislador radical Ariel García, autor de un proyecto de ley para un nuevo CCP, aseguró que “el alperovichismo mantiene un decreto de la dictadura para garantizar una ‘caja de recaudación’ que no se quiere perder”. “Es un claro problema por falta de voluntad política de la gestión de (José) Alperovich, que lleva más de 11 años y demostró que la seguridad y convivencia ciudadana no están en las prioridades de su agenda”, marcó el parlamentario opositor.