La noticia se conoció el mismo día en que trascendió que el juez de 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville, Víctor Miguel Cemborain, ordenó ayer la suspensión del desalojo. Carbonetti está acusado de querer desalojar de un predio que le pertenece a 30 familias de inmigrantes bolivianos que trabajan en un cortadero de ladrillos que allí funciona.

El predio llegó a manos de Carbonetti, luego de que la familia Ibarra, propietaria original, la perdiera por una deuda que uno de sus integrantes había contraído con el entonces abogado local. El caso es que para quedarse con el terreno el legislador se habría desempeñado como defensor, perito y demandante en un mismo juicio. Además de hacer partícipes a socios y familiares para completar las presuntas maniobras. Se trata de 14 hectáreas en la que viven unas 100 personas, pagando su estadía con ladrillos al propietario del campo, que también quedaría en la calle.