El Gobierno provincial ratificó la política que viene concretando con la concesión del agua potable: el Estado hace las inversiones, la empresa no aumenta las tarifas a los usuarios.
Esta estrategia la puso en evidencia el propio Luis Beder Herrera cuando ayer aclaró que la empresa reclama aumento en las tarifas porque no viene a realizar acciones filantrópicas.
La polémica surge por los beneficios que la concesionaria obtiene de esta situación, porque no debe realizar inversiones, ya que el Estado admite concretar las obras de infraestructura que deberían ser realizadas por la gestión privada.
En su edición del miércoles NUEVA RIOJA adelantó que se iba a implementar un nuevo sistema de control sobre la concesionaria, buscando saber cómo se gastan los recursos que el propio Estado le otorga a Aguas de La Rioja. Ayer la administración bederista aclaró el por qué de esta determinación y cómo se imagina la relación con la empresa en los próximos meses.
La concesionaria sólo presta su servicio en la ciudad Capital, Chilecito y Chamical.
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