Se trata de Guillermo Vélez, de 64 años, quien por su condición de militante justicialista fue despedido dos veces de la administración provincial, según aseguró en una entrevista con Télam.

La primera fue tras el golpe militar de 1976, cuando también fue preso y perseguido y debió exiliarse; tras haber sido reincorporado en 2011, pese a su enfermedad fue cesanteado nuevamente a finales de 2013, por lo que se quedó sin cobertura social de ningún tipo.

"Es una decisión drástica pedir la eutanasia, pero no tengo alternativa. Esta es una penosísima y dolorosísima enfermedad, no tengo solución ni mucho para elegir. No existe ninguna contención en el hospital, nunca me llega la insulina ni las tiras reactivas del Programa Pro Diabetes que manda la Nación a través de la provincia", expresó Vélez en diálogo con Télam.

Explicó que consulta en el Programa por sus medicamentos e insumos y le dicen que las partidas fueron enviadas a Río Negro. 

"Pero desaparecen, no llegan nunca. Y esto les pasa a muchos que reciben medicamentos caros, los envían pero no llegan", denunció, y comentó que ya había cursado otros recursos por medicamentos y cobertura social, siempre sin resultados. 

Según informó, hace nueve años que espera por un amparo de salud ante la Cámara Laboral local. "Este recurso no puede demorar más de 24, 36 o 72 horas, nunca nueve años. Y cuando un juez resuelve, el hospital o la provincia no hacen caso", expresó.

También inició un "juicio sumarísimo" al quedar desempleado, pero ya lleva 15 meses esperando sin suerte alguna novedad sobre la causa, razón que también lo lleva a sentirse desahuciado y terminal. 

Vélez vive en una modesta casilla prestada en el oeste de Bariloche, sin luz ni gas, y cuenta con el acompañamiento de su ex mujer, Beatriz Oyarzún, quien presentó ayer el recurso de amparo en su nombre, ya que Guillermo no pudo bajar del auto para concurrir por sus propios medios.

"Es imposible adquirir medicamentos cardíacos o diabéticos. El hospital no cumple la Ley del Diabético, que ordena proveer todo lo necesario a los pacientes para que puedan llevar una vida normal. Así en los últimos dos años fui empeorando, tuve dos infartos y estoy perdiendo la visión", relató.

El hombre expresó su enojo con el gobernador Alberto Weretilneck y su gestión, porque fue cesanteado cuando el mandatario rompió el acuerdo que sostenía con el senador Miguel Pichetto, "sólo por la condición de militante justicialista".

Recordó que al trascender por anticipado que iban a producirse los despidos le entregó a Weretilneck una carpeta con su caso en la que pedía conservar su trabajo -y la obra social provincial Ipross- por su enfermedad, pero le fue peor: "a los dos meses me echaron sin razón ni explicación, perdí el sueldo y la cobertura", aseguró.

"Tal vez el próximo infarto me salve de la eutanasia", afirmó con amarga ironía, dijo el hombre que asegura estar cansado "de esta vida indigna". 

"Trabajó toda mi vida, no soy suicida, soy normal, no me voy a quitar la vida por mi propia mano. Pero no puedo vivir así. Me ofrecieron dinero, pero no quiero eso, prefiero que lo entreguen a una ONG o una persona que esté peor que yo", continuó.

Vélez explicó que realizó la presentación sin asesoramiento ni patrocinio legal y sin conocer qué camino adoptará el caso.

La eutanasia no es legal en Argentina, a diferencia de la muerte digna, que cuenta con una ley habilitante desde 2012.

Sin embargo, el 7 de julio pasado murió por una infección general Marcelo Diez, un neuquino de 51 años que pasó 21 años en estado vegetativo, y cinco horas después del fallo en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizara para su caso la aplicación de la ley de muerte digna.