La expropiación del inmueble de San Lorenzo 355 volvió a tener estado parlamentario. Ayer, el legislador José Cano (UCR) presentó un proyecto para derogar la Ley 8.215, que habilitó la expropiación de una casa de la familia Manganelli para que sea destinada al Tribunal de Cuentas. Cano recordó que, durante el debate de la ley, el oficialismo argumentó la necesidad de habilitar un acceso al estacionamiento del órgano. Luego, el titular del ente, Miguel Chaibén Terraf, agregó que también se prevé levantar allí oficinas públicas.

"El interés público esgrimido a los efectos de la declaración de utilidad pública carece de la entidad jurídica que justifique la expropiación. Y existen múltiples soluciones a la necesidad de garajes. Se debe expropiar sólo en casos extremos, sobradamente acreditados; este caso entraña la demolición de una antigua fachada", dijo. El radical aseveró que con la suma destinada a la operación (el cálculo oficial es de $ 600.000) pueden alquilarse las cocheras necesarias. Calificó la ley como una confiscación encubierta y un ejercicio abusivo de una potestad estatal, en modo discrecional, irreflexivo y caprichoso.

"Esta ley violenta el estado de derecho y atenta contra la seguridad jurídica. Se erige como estandarte de una peligrosa actividad estatal manifiestamente violatoria del derecho de propiedad", afirmó.