El diputado José Cano (Acuerdo Cívico) responsabilizó al Gobierno y a los municipios por los problemas en la comercialización de la denominada “Garrafa Social”.

Según el parlamentario, corresponde a los funcionarios locales el garantizar que se cumplan los acuerdos nacionales por lo que se puso tope al precio de este producto orientado a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El referente opositor hizo referencia al acuerdo firmado entre la Secretaría de Energía de la Nación con las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo, con la Cámara Argentina de Gas Licuado de Petróleo y con la Federación Argentina de Municipios (FAM). 

Ese convenio, vigente desde 2008, está destinado a garantizar la estabilidad del precio de la garrafa de 10,12 y 15 Kg. de gas licuado de petróleo.

“Los precios de venta finales a los usuarios son de $ 16 para los envases de 10 kg, $ 20 para los envases de 12 kg. y $ 25 para los envases de 15 kg. Esos valores son los aplicables a la totalidad de las ventas efectuadas en mostrador, quedando expresamente prohibido cobrar suma alguna adicional por cualquier otro concepto. Hay un subsidio nacional que permite sostener ese precio”, explicó el legislador.

Cano advirtió que el mismo pacto puso en cabeza de la Dirección de Comercio de la Provincia y de los municipios el asegurar los controles para evitar los abusos por parte de los que comercian las garrafas. 

“El Gobierno debe ponerse del lado de la gente y asegurar que se respete lo acordado y que no se realicen cobros ilegítimos que castiguen a los que menos tienen”, concluyó.