Según relató el presidente de la UCR, muchos docentes le plantearon sus inquietudes ante la existencia de supuestas anomalías. “Previo pago de sumas de dinero se adulterarían y/o modificarían los puntajes asignados a docentes mediante el cómputo de títulos apócrifos. Tal maniobra se traduce en la afectación de los antecedentes académicos de los docentes que son considerados para la titularización, reemplazo, y/o coberturas de cargos interinos de la educación pública”, afirmó Cano. 

El radical alertó que estarían involucrados en la presunta maniobra empleados públicos que “literalmente efectúan la compraventa de antecedentes docentes y mejoramiento de puntajes existiendo desvergonzadas tarifas, que arrancan desde los $ 3.000 por hasta 20 puntos de antecedentes y que ascienden según el puntaje ‘contratado’ hasta los $ 9.000”. 

Cano expresó que hay 500 expedientes administrativos en los que podrían verificarse las presuntas irregularidades, iniciados a partir de denuncias de docentes afectados. Por ello, solicitó el inicio de una auditoría administrativa en la Junta de Clasificación y que se requiera a la ministra de Educación, Silvia Rojkés, un informe con las actuaciones registradas. También, pidió que Fiscalía de Estado intervenga mediante la interposición de una denuncia penal y que se disponga la normalización de la Junta, cuyas autoridades se encuentran con mandatos vencidos o intervenidos desde 2008. 

“El perjuicio trasciende el daño efectivo sufrido por aquellos docentes que han sido relegados en concursos docentes y se hace efectivo sobre los propios estudiantes, que reciben instrucción por personas carentes de idoneidad profesional y moral, que no califican para las tareas de enseñanza en las que han sido designados”, reforzó.