Reparto de bolsones y de dinero en efectivo, traslado de electores y otras formas de clientelismo. Cambios anómalos de domicilios y votantes foráneos. Urnas que, según dos testigos, llegaron abiertas a la Junta Electoral Provincial (JEP) y que fueron selladas allí de forma supuestamente irregular.
Una presunta falta de controles por parte del órgano electoral y duras críticas hacia el presidente, Antonio Gandur, y la vocal, Ana María Rosa Paz. Graves hechos de violencia, con disparos y quema de boletas y con civiles y personal de seguridad heridos. Cuestionamientos hacia el sistema electoral de acoples. Posibles maniobras con los datos obtenidos durante el escrutinio provisorio que realizó el Correo Argentino. Promesas de beneficios sociales como módulos habitacionales y subsidios, o amenazas de que esos beneficios serán retirados...
Las sospechas de fraude que expresaron los integrantes de la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), el radical José Cano y el peronista Domingo Amaya, quedaron plasmadas en una acción de amparo de 63 páginas que ambos presentaron el viernes en la Justicia provincial, con el fin de solicitar la nulidad de esos comicios, la suspensión del escrutinio definitivo y la realización de una nueva votación para todas las categorías.
Antes de entregar la demanda en mesa de entradas de la sede de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ubicada en calle 24 de Septiembre al 600, Cano y Amaya relataron en rueda de prensa las diversas irregularidades que, según ellos, convirtieron en “un fraude” las elecciones del 23 de agosto.
“Esta ha sido la culminación de un gobierno que en 12 años se encargó de degradar las instituciones. Este sistema electoral refleja el modelo de gestión de esa política. En 2007 teníamos la chance de adecuarnos a la Constitución provincial con el voto electrónico y la adhesión a la ley nacional de las PASO. Pero (el gobernador José) Alperovich y (el vicegobernador Juan) Manzur no hicieron nada para garantizar la transparencia, y que la gente se quede con la convicción de que lo que ha votado se reflejará en el escrutinio”, señaló el diputado Cano.
Cargó además contra las autoridades de la Junta, Gandur y Paz, y contra el secretario electoral Darío Almaraz. “El oficialismo dice que no tiene problemas con que se abran todas las urnas, pero ni sus apoderados ni sus fiscales quieren hacerlo. Eso es porque saben que ahí está la prueba del fraude”, señaló el radical. Y a modo de ironía agregó: “Gandur dijo que los comicios fueron transparentes, pero me queda la duda si estuvo fiscalizando Tucumán o las elecciones de Mendoza”.
El dirigente opositor añadió que confía en una pronta decisión de la Justicia provincial. Y aseguró que no se arrepiente de haber participado de los comicios utilizando la estrategia de los acoples. “Los que se tienen que arrepentir son los que han gobernado 12 años en Tucumán. Hemos realizado críticas y pedido cambios, pero estas son las reglas del juego de la democracia que impone el alperovichismo”, explicó el diputado radical.
También calificó como “hipócrita” al gobernador. “Alperovich dijo que eran unos hijos de p... los que entregaban mercadería a cambio de votos, y después admitió que entregaron bolsones. Es un hipócrita”, insistió.
El peronista disidente Amaya señaló que los abogados del ApB en este planteo, Daniel Ponce -por el canismo- y Arnaldo Ahumada -por el amayismo- hicieron reserva para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación si no hay respuestas favorables. “Hay gente que vino de otras provincias a votar, y eso es un delito. Estamos recabando pruebas. Hoy (por el viernes) presentamos dos cajas con evidencias, y vamos a seguir aportando”, expresó el intendente de San Miguel de Tucumán.
Cano anticipó que también habrá presentaciones penales contra personal de la Junta Electoral. “No es normal que lleguen vehículos (a la sede del órgano) cargando urnas sin custodia, o que las urnas lleguen abiertas y un funcionario de la JEP tenga fajas del correo y las selle como si nada”, consideró.
Además, contestó las críticas del gobernador, quien había dicho que la oposición perjudica a los tucumanos con las versiones de fraude. “Que Alperovich no se victimice, tuvo la chance de fundar nuevamente a Tucumán y no lo hizo”, señaló. Y agregó: “a la provincia la dejan mal parada los funcionarios que en 2003 no tenían nada y hoy son los nuevos ricos de Argentina, o cuando se encubre un crimen como el de Paulina Lebbos”.
Cano y Amaya estimaron que la fecha límite para la realización de una nueva votación general en la provincia podría ser el 25 de octubre, cuando se celebren las nacionales. “Necesitamos garantías”, dijo el radical, anticipando que no dará esta batalla por perdida.



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