La Legislatura tucumana sesionará hoy teniendo dentro de su temario la adhesión de la provincia a la Ley Nacional nº 23737 (por tenencia y tráfico de estupefacientes), ante lo cual desde el radicalismo ya anticiparon que sus representantes votaran en contra.

Sobre el particular el diputado nacional José Cano (UCR) advirtió que el oficialismo se apresta a escribir una nueva página de impunidad en Tucumán.

“Es una bomba de humo para deslindar responsabilidades. No es serio, ni responsable que se pretenda trasladar la responsabilidad por la ausencia de políticas de seguridad a un Poder Judicial desbordado de causas sin resolver. Meter allí a las causas por micro tráfico es abrir una puerta a la eternidad de los expedientes sin castigo”, sostuvo el referente del Acuerdo Cívico y Social.

Cano insistió en la primera medida para combatir el menudeo en la venta de drogas es romper el vínculo que existe entre los dealers y el poder político. “Los que venden y producen drogas en los barrios están amparados por dirigentes del oficialismo y por una estructura oficial complaciente con los delincuentes. El gobernador dice que sabe quiénes son. Que los denuncie y nos los apañe sería un buen primer paso para empezar a cambiar en serio. Tenemos demasiados elementos para sospechar que esta medida buscan asegurar impunidad para los verdaderos patrones del mal que opera en la provincia”, dijo.

El principal dirigente de la oposición sostuvo que el combate contra los narcos y micro traficantes requiere de autoridad moral y política de las autoridades. “El Gobierno aún no se hizo cargo de los muertos de los saqueos de diciembre, pero busca recuperar credibilidad en forma desesperada con medidas falsamente populistas. El proyecto que se aprestan a aprobar no tiene en consenso ni de sus propios operadores en el Poder Judicial. Hay que rechazarlo y convocar al dialogo para fijar políticas de largo plazo que terminen con la impunidad en Tucumán”, concluyó.

Por su parte el legislador Federico Romano Norri ratificó que la UCR votará contra el proyecto oficial. Según el parlamentario, “la medida es improvisada y carece del consenso necesario para garantizar su eficiente aplicación”.

“La decisión de dividir la investigación de las pequeñas causas vinculadas con la venta de drogas es un grave error. Con esta decisión, la Policía y la Justicia Provincial jamás avanzarán sobre quienes sostienen el negocio del narcotráfico, que se configura con una cadena de delitos que incluye, no sólo a ‘pequeños’ dealers, sino también a funcionarios y policías. Se garantiza impunidad”, precisó el legislador.

Romano Norri sostuvo que el oficialismo debería rechazar la propuesta y reclamar al Gobierno que convoque a todos los sectores para definir una política de seguridad de largo plazo.

“No podemos seguir sumando fracasos después de más de una década de desidia e ineptitud oficial”, concluyó.