En el marco de la asamblea mensual del Foro Municipal de Seguridad, llevada adelante este martes en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, siete candidatos a intendente y a concejales de distintas fuerzas políticas acercaron a foristas y vecinos sus propuestas en materia de seguridad.
En primer término, Caporale dijo que su intención, en caso de resultar electo, es tomar como “ejemplo” a la provincia de San Luis, debido a que “tiene los índices más bajos de inseguridad”. También hizo hincapié en la necesidad de ejercer una “buena administración” de los fondos de seguridad y garantizar el “respaldo a la policía”.
Por su parte, Cano, quien aclaró que en su momento debió ser testigo en el marco de una causa judicial que investiga el destino del dinero enviado a la ciudad por la Nación para seguridad ciudadana, consideró que “el gobernador bonaerense debe asumir su responsabilidad y hacerse cargo de la policía y la justicia”.
Además, reparó en que debería “ponerse en funcionamiento la mesa de trabajo permanente por la seguridad” y avanzar en la “creación de la policía judicial”.
En otro orden, el actual concejal se mostró sorprendido por el anuncio del Departamento Ejecutivo municipal en relación a la contratación de 120 cámaras de seguridad por el mismo valor por el cual antes se iban a adquirir 65. “Le escupimos el asado”, deslizó.
A su turno, el Dr. Arroyo sostuvo que “es necesaria” la instalación de videocámaras en distintos puntos de Mar del Plata, aunque evaluó que “no alcanza con 120” y que “para empezar, habría que poner 360, por lo menos”.
A su vez, propuso la sanción de un Código de Seguridad que prevea “cualquier situación que termine con la vida de una persona” y reflotó su idea de crear una policía municipal, entre otros puntos.
En tanto, Viviana Roca señaló que desde el Socialismo Marplatense se busca trabajar “fuertemente en prevención” y en el “desarrollo social” de los distintos sectores de la ciudad. Para ello, indicó, el Municipio debe invertir en deporte, cultura, recuperación de espacios públicos y mejoras en los barrios en general.
En la misma línea se expresó Martínez, quien afirmó que “en lugar de usarse tantos millones de pesos para traer a Prefectura, deberían hacerse planes de viviendas que le den trabajo a los marplatenses, por ejemplo”.
Según manifestó, la inseguridad es producto de la “descomposición social”. “Debe ponerse la policía, la Fiscalía y la Justicia bajo el control de la ciudadanía”, propuso.
Por otra parte, el candidato del Frente de Izquierda hizo público su “rechazo” a la implementación de cámaras de seguridad por considerar que “coartan las libertades democráticas”.
Por último, el Dr. Salvá recalcó que “es importante brindarle apoyo económico” a la fuerza policial, así como que “el sistema de control judicial se haga entre todos”.
El ex comisario también sumó críticas al destino que le dio el Ejecutivo comunal a los $ 13, 8 millones otorgados por el gobierno nacional por el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. “Está claro que fueron utilizados para otros fines; desaparecieron”, aseveró.
El FMS y la contratación de 120 cámaras de seguridad
Luego de que el Director del Programa de Protección Ciudadana, Dr. César Ventimiglia anunciara que la Municipalidad de General Pueyrredon contratará 120 videocámaras de seguridad por casi $ 6 millones, el presidente del Foro Municipal de Seguridad, Miguel Gómez, reconoció: "Nos vemos obligados a sospechar que este pueda ser un nuevo anuncio que no se concrete".
Si bien consideró “positiva” la instalación de los dispositivos, admitió que “no deja de sorprender que lo que fue en su momento la solicitud del Municipio a la empresa Global View sobre un mejoramiento de la oferta, se transforme ahora en prácticamente el doble de las cámaras cotizadas”. “Esto deja demostrado que era excesivo el costo por el cual se habían licitado, tal como lo señalamos desde el Foro”, remarcó.
En tal sentido, afirmó que pese a que las cámaras “siguen siendo caras”, hubiese sido “mayor el daño que hubiera representado el hecho de seguir adelante al precio que se licitó inicialmente”.
Además, mencionó que “la empresa Global View fue la única oferente y podría haberse negado a una mejora de su oferta”, por lo cual entendió que “evidentemente, aún mejorándola, tiene una considerable ganancia y que de otra manera no hubiera accedido”.
En otro párrafo, en relación a la administración de los fondos enviados por la Nación para el Programa Integral de Protección Ciudadana -que determinó el inicio de la causa penal Nº 911, expediente 17.071 de la Fiscalía Federal Nº 1 del Departamento Judicial Mar del Plata-, Gómez dijo: “El Municipio recibió una primera entrega de $ 13,8 millones y con parte de ese dinero debió haber instalado 180 cámaras de video, de un total de 360 convenidas. Sin embargo, hoy, a más de dos años de la firma del convenio, todavía estamos hablando de las primeras 65 ya que aún no se firmó ningún contrato que indique lo contrario”.
Y agregó: “Menos aún podemos ser tan inocentes de creer que en algunos meses se puedan estar instalando 600 cámaras en Mar del Plata”.
“Por ahora sólo se instalarían 65 cámaras y, de hecho, tenemos conocimiento de que se llamó a los Comisarios para informarles que 20 cámaras serían dispuestas para el Distrito Centro, 23 para el Sur y 22 para el Norte. Justamente es una de nuestras preocupaciones el criterio que se ha empleado para la distribución de las cámaras, porque entendemos que no hubo planificación por parte del Municipio y corremos el riesgo de que no tengan ningún efecto”, reflejó más adelante.
En ese contexto, el forista advirtió que tampoco “aún tenemos Centro de Monitoreo y, en lugar de concentrar y unificar con el Centro de Monitoreo de Tránsito, se plantea la instalación del seguimiento de las cámaras en otra plaza con las falencias que ya se observaron y que esto implica”.
“Nos sigue preocupando el incumplimiento del Municipio, nos tienen acostumbrados a firmar convenios y a hacer anuncios que luego no se cumplen, el Municipio recibió el dinero de Nación y no cumplió prácticamente ninguno de los ítems del Programa Integral de Protección Ciudadana, nos vemos obligados a sospechar que este pueda ser un nuevo anuncio que no se concrete en su ejecución”.




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