El gobernador Francisco Pérez envió a la Legislatura un proyecto para que los candidatos rindan cuentas de su patrimonio, pero el freno legislativo que ha sufrido la iniciativa no permitirá que se aplique en los próximos comicios.

Así lo reconocieron tanto el oficialismo como la oposición en la Cámara de Diputados. Allí todavía no se ha comenzado a discutir en comisiones el proyecto de declaración jurada de bienes y ya no parece quedar tiempo para que cumpla el circuito legislativo antes del 27 de octubre.

Estas demoras sugieren la velada resistencia en la Legislatura a debatir sobre este tema, al menos en el contexto preelectoral.

El texto de Pérez tomó estado parlamentario a fines de setiembre en Diputados y fue girado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

El radicalismo consultó a partir de entonces si el PJ pretende darle rápida sanción y la respuesta fue que se debe lograr un consenso amplio para aprobar el proyecto.

Esta situación fue confirmada a El Sol por la jefa del bloque de diputados del PJ, Silvia Ramos. “Hay voluntad política de avanzar y los candidatos no tienen ningún problema, pero lo acordado es que vamos a trabajar sobre todos los proyectos de ética pública presentados, para que haya consenso", expresó Ramos.

La legisladora reconoció, además, que existen “prejuicios” que impiden debatir el proyecto en medio de la campaña electoral. E incluso señaló que en la Legislatura ya hay una resolución que invita a sus miembros a declarar los bienes, aunque reconoció que esa declaración no es obligatoria.

Candidatos provinciales

La propuesta del gobernador incluye concretamente a los candidatos a cargos provinciales dentro de un nuevo régimen de declaraciones juradas obligatorias para todos los funcionarios, con sanciones para aquellos que no cumplan con esta exigencia.

Si ahora se aprobara el proyecto, quedarían sujetos a esta condición quienes van a competir por bancas en el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia. Pero esto seguramente no va a suceder. Hay que aclarar en este punto que los candidatos a diputados nacionales sí deben realizar la declaración jurada conforme con una ley nacional que está en vigencia.

Una cuota de responsabilidad importante para que esto no se replique en los cargos provinciales la tiene el propio gobernador, ya que Pérez demoró cuatro meses en enviar la iniciativa a la Legislatura: la prometió en mayo y recién la presentó en setiembre, a poco más de un mes de las elecciones.

El proyecto de Pérez establece que todos los funcionarios del gobernador para abajo, incluso jueces y legisladores, tendrán que presentar una declaración detallada de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias, entre otras cosas, a la Escribanía General de Gobierno. Esa declaración incluirá a familiares directos y socios.

La norma también dice que Escribanía generará un registro de acceso público vía internet y además habrá un listado de incumplidores que tendrá que ser publicado en los medios todos los meses.

Por último, la Fiscalía de Estado deberá aplicar una multa equivalente al 50 por ciento del sueldo a los funcionarios que no cumplan con la presentación de la declaración jurada.

Este sistema modifica la situación actual, donde la presentación de la declaración jurada es secreta, sólo se abre en caso de pedido judicial y no conlleva sanciones en caso de incumplimientos.

Pero en la Legislatura, la propuesta genera opiniones diversas. “Hay perspectivas diferentes. Hay quienes piensan que hay que avanzar con la creación de una oficina anticorrupción y otros que dicen que la Afip ya hace el control de los ingresos”, señaló la diputada Ramos.

Lo cierto es que nadie quiere agitar el debate por ahora.