En la causa que tiene a su cargo el fiscal de Instrucción Nº 6, Marcelo Sago, se investiga la presunta estafa por parte de los dueños del Instituto de Enseñanza Superior Nuestra Señora del Valle, que dictaba clases en Esquiú 225, porque durante cuatro años habrían dictado la carrera de Técnico en Prótesis Dental sin encontrarse adscriptos a la enseñanza oficial.

El caso se dio a conocer a comienzos del 2005, cuando los alumnos de dicho establecimiento se encontraron con la sorpresa de que el instituto cerraba sus puertas sin dar explicaciones, y muchos de los cuales llevaban cursando por años la carrera de Técnico en Prótesis Dental, realizando el pago mensual de 100 pesos.

Entonces comenzaron a indagar en la dirección de Enseñanza Pública de Gestión Privada, y la supervisora de Zona Raquel Simino les informó que el Instituto Nuestra Señora del Valle no tenía reconocimiento oficial por parte de la Provincia. Lo curioso sería que fueron presentados en la causa documento emitidos por el mencionado instituto, en los que señalaba que estaba “autorizado por la dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente de la subsecretaría de Cultura y Educación de la provincia de Catamarca”, cuya titular del área era en ese momento Ana María Brunas de Martínez, hoy candidata a vicedecana de la oficialista lista Convergencia Universitaria, acompañando a Leticia Vargas de Segura que se postula como decana.

Lamentable

Si bien Brunas de Martínez podría presentarse como candidata a pesar de la imputación que pesa en su contra, dado que no hay una sentencia firme en la causa, el apoderado de la lista opositora que se presenta en la facultad de Humanidades de la UNCA, Humanidades Plural, Mario Alanís, reprochó “la posibilidad real y concreta de que una persona (Brunas de Martínez) con este, digamos, comportamiento llegue a ocupar un cargo de la importancia del vicedecanato”.

A su vez, con respecto a la impugnación que realizó la oficialista Convergencia Universitaria sobre la lista que representa Alanís, el apoderado consideró “lamentable que quienes nos impugnan la posibilidad de que participemos del acto electoral tengan entre sus miembros una persona imputada por hechos de esta naturaleza (“falsedad ideológica”)”.