Explicó que mediante ley 8.475 sancionada en 2011 por la Legislatura Provincial, se declaró "de interés provincial la construcción de un estadio de hockey en un terreno que a la fecha de la promulgación de la Ley de referencia, no pertenecía al Club Natación y Gimnasia, sino al Municipio de San Miguel de Tucumán, en el parque 9 de Julio".

La Ley 8.475, autorizaba al Poder Ejecutivo a otorgar un subsidio al Club Natación y Gimnasia por un monto de $ 10 millones, “no reintegrable”, pudiendo utilizarse el mecanismo de contratación directa, previo cotejo de precios".

"Lo primero que debemos aclarar al respecto, es que para hacer un proyecto de esta naturaleza, Natación y Gimnasia debía poseer el terreno, o sea, ser propietario del mismo para construir la Cancha de Hockey. Pero Natación y Gimnasia no tenía el lugar ni era el dueño del predio", expresó Romero.

"Al ser el Club Natación y Gimnasia, una Persona Jurídica de carácter privado (Asociación Civil), los únicos que pueden hacer uso de sus instalaciones son solo sus propios socios, siempre y cuando se encuentren al día con la cuota societaria. Estamos frente a un beneficio privado y no ante el bien común de los ciudadanos de Tucumán".

"Le otorgaron un subsidio sin reembolso, a una persona jurídica de carácter privado, no sujeta al contralor del Honorable Tribunal de Cuenta de la Provincia, por ende ¿quién determina que la contratación directa, fue la mejor para la construcción del Estadio?, y ¿quién dispuso del dinero?."

Estos dos interrogantes tienen una respuesta: “es solo el Club mediante su Comisión Directiva quien decide a quien contrata o no, y como se dispone del dinero”.

"En síntesis es el propio Raúl Basilio, actual Vicepresidente de Natación y Gimnasia, quien decide las contrataciones sin control alguno, ya que es Juez y Parte”, sin que el Honorable Tribunal de Cuentas tenga Jurisdicción sobre el Club Natación y Gimnasia. "O sea estamos frente a una simple rendición de Gastos a gusto y paladar de la Institución Civil, justificando la inversión de los $ 10 millones."

El ingeniero Raúl Basilio en su doble carácter de Director de Vialidad de la Provincia y Vicepresidente del Club Natación y Gimnasia, declaró a la prensa: “hagan cualquier auditoria, no hay problema”.

"Es lógico, si con una simple rendición de gastos soluciona el problema de la inversión de dinero cedido por el Gobierno, y el Tribunal de Cuenta no puede auditar dicha obra."

"Raúl Basilio no solo es titular de Vialidad Provincial, sino que es Vicepresidente de Natación y Gimnasia, su hermana es abogada del Honorable Tribunal de Cuenta, y Miguel Terraf el Presidente del Tribunal de Cuentas pertenece a la Junta Electoral establecida por estatuto del mismo Club, que proclamó a Basilio como Vice."

"En síntesis, aparte de que el HTC no puede intervenir, estaríamos frente al típico caso del jugador de futbol que patea el córner y quiere cabecear la pelota, o ser juez y parte, ya que Raúl Basilio es el que gasta los $ 10 millones, y a la vez el que controla el gasto del Club."

Raúl Basilio desconoce la Ley de Administración Financiera, que entre otras cosas dice que: “Todo funcionario, agente público o particular responsable de bienes públicos, responderá de los daños que, por su culpa o negligencia, sufra el patrimonio fiscal…..”.

"Peor aún, desconoce la Ley 3485 de creación de la Dirección Provincial de Vialidad, que fija con claridad que este ente se creó para que atienda exclusivamente la Red Vial de la Provincia, que incluye Red Primaria y Secundaria, mientras que la terciaria corresponde a Comunas y Municipios."

"Máquinas y Obreros de Vialidad Provincial, trabajan en el Club Natación y Gimnasia desde junio del 2012. ¿Quien se hace cargo del desgaste de motores y Cubiertas de las Máquinas de Vialidad? ¿Quién responde por los sueldos de los obreros de Vialidad?. La respuesta es simple el Estado Provincial o sea el pueblo con sus impuestos", agregó Romero.

"Vialidad de la Provincia solo está habilitada para hacer convenios con entidades de carácter público, pero no con entes de carácter privado como es el Club Natación y Gimnasia, ya que esto constituye un beneficio particular, y que va en desmedro de todas las otras asociaciones civiles que no pueden contar con este privilegio. O sea que Vialidad de la Provincia invirtió en una institución privada dineros del Estado."

"Por otra parte, la suma destinada al subsidio contempla estos gastos, pero la pregunta que resulta de este análisis es, ¿si los insumos, materiales y sueldo del personal, como así también la amortización de las maquinarias, es soportada por la DPV, a donde fue a parar el dinero destinado por ley para estos fines?", se preguntó Romero.

"El incumplimiento de los deberes de Funcionario Público se sustenta no solo en el hecho de Vialidad Provincial está trabajando dentro de una entidad de carácter privado usando dos motoniveladoras, un camión regador, un rodillo vibrol autopropulsado, y toda la cuadrilla de obreros del Campamento de San Pablo, sino en el hecho de que mientras esto ocurre, el camino a Hualinchay no se termina, usando solo 2 topadoras y 20 hombres, aunque estarían figurando 200."

"La Ruta 307 en su tramo Tafí del Valle a Amaicha que se comenzó en el 2007, y cuyo plazo de culminación era de 18 meses, por un monto original de $120.000.000, fue abandonada por la Empresa NORGAV. Para mal de peores, se habrían adelantado certificados de obra y no se hizo, sin que el Secretario de Obras Públicas Oscar Mirkin multara a la misma."

"NORGAV trabaja ahora en la Ruta 303, desde la Banda del Río Salí a Los Ralos, obra que se termino el año pasado, pero que se la está reconstruyendo ya que Vialidad Provincial la diseñó mal. En la actualidad la obra avanzó hasta un 60%, pero cuando la terminen la habrán pagado dos veces. El puente nuevo de la Ruta 305, lo tuvieron que hacer dos veces por falla en su estructura. Las Rutas Provinciales 302 que va a Las Cejas; la 321 desde Lules al Bracho; la 322 desde Villa Fiad a Ruta 9; la 323 desde Río Colorado a Ruta 9; La 324 que sale a Arcadia y la 308 de Lamadrid al límite de Las Termas, están intransitables."

"En síntesis, mientras se destinan fondos, maquinarias y hombres del Estado en beneficio de una entidad privada, se renuncia a hacer obras para el bien común de todos los ciudadanos de Tucumán", finalizó Romero en su denuncia.