La última estrategia fue un pedido para que le permitieran quedarse 60 días más –plazo que expiró anteayer–para poder retirar todas sus pertenencias. Finalmente, no sacó todo: de las 1.200 cabezas de ganado que tenía, todavía permanecen 500 pastando en el predio.

En realidad, la discusión se había entablado respecto de una cosa juzgada. El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia lo halló culpable a Yedro del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de un campo de más de ese campo que disputó el ex senador, pero que finalmente le quitaron, de una extensión de más de 2.100 hectáreas.

La tesitura de la Justicia es que esa propiedad, al igual que otras que abultaron el patrimonio del ex senador, fue adquirida durante su paso por la función legislativa, cuando sus bienes se acrecentaron de modo sorprendente. El ex senador compró ese campo en 800 mil dólares, aunque ahora tendría un valor de 7,5 millones de dólares. Quien desarrolló esa tesitura fue el fiscal de la Cámara que lo condenó, en 2005, Carlos Larrarte, que en su acusación sostuvo: “Se encuentra probado en autos que el doctor Mario Alberto Yedro, tras asumir como senador en 1995, y mientras permaneció en dicha función hasta diciembre del 99, incrementó apreciablemente su patrimonio y el de su conyugue en la suma de 1.000.000 de pesos–dólares”. Y que mientras fue legislador, entre esos años, no pudo haber tenido una capacidad de ahorro mayor a los 109 mil pesos.

Yedro no sólo perdió el campo, que le fue decomisado y puesto al cuidado de la Provincia, que ya inició el trámite de escrituración a través de la Escribanía Mayor de Gobierno.

También tiene un juicio en su contra por el supuesto delito de usurpación, que tramita la jueza Ríos, instancia en la que se encuentra ahora procesado. La denuncia la motorizó el procurador general Jorge García luego de que el ex senador provincial justicialista procurara, en 2010, que le devolvieran el campo decomisado. García entendió no sólo que estaba desobedeciendo una sentencia judicial, sino que además procuró introducir un mecanismo de engaño por el cual también se lo investigó por el delito de “estafa procesal”. Ese segundo cargo, finalmente, no prosperó. A Yedro se le dictó la falta de mérito. Pero avanzó sí la denuncia por usurpación. El fiscal Elbio Rojkin, de los tribunales de Rosario del Tala, dijo ayer a EL DIARIO que una vez que esté concluida la discusión en torno al desalojo, aquella otra causa podría avanzar sin tropiezos. Sucede que desde que se dictó sentencia, en 2005, hasta ahora, Yedro resistió el desalojo de un campo que ocupa pero que ya no le pertenece.

La jueza Ríos no sólo ordenó el desalojo, sino que a la vez puso a la Fiscalía de Estado como “depositario” del inmueble. En el ínterin y hasta que la Provincia resuelva qué destino darle al predio, ubicado en Raíces Norte, próximo a Maciá, habrá un funcionario a cargo hasta que el ex senador complete el retiro de todos los bienes que todavía le quedan adentro de la chacra.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aguardaba ayer la notificación oficial de la resolución de la jueza Ríos. Una vez que tenga en sus manos la cédula judicial, definirá los pasos a seguir. Una primera medida incluiría la contratación de un veterinario para que determine el estado del medio millar de cabezas de ganado que Yedro todavía tiene en el campo. Esos animales, no pasarán al fisco, sino que son de propiedad del ex senador, a quien se conminará a retirarlos.

“Lo importante es que el campo sea recuperado para el Estado, tal como lo ordenó la sentencia judicial”, apuntó el fiscal Rojkin, que tendrá a su cargo la acusación en la causa en la que se lo investiga ahora al ex senador por el delito de usurpación.

Ese expediente se inició en 2010, luego de que Yedro le pidiera al juez Civil y Comercial de Tala, Gastón Agotegaray, que le devuelva el campo de Raíces Norte que le decomisó la Justicia. No sólo consiguió un revés judicial, sino que sobre el ex senador recayó una causa en juicio en su contra que, de resolverse desfavorablemente para él, podría llevarlo a la cárcel, y convertir en efectiva la prisión condicional que le aplicaron en 2005.

La abogada María Cristina Mercedes Daneri dejó de estar al frente de la Dirección de Sumarios de la Provincia. En su lugar, se designó al escribano José Carlos Cavallaro, quien hasta ahora se venía desempeñando como asesor de la Comisión Única de Disciplina.

La medida fue dispuesta por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, de quien depende Sumarios. Y se originó luego de que Daneri pidiera una licencia extraordinaria de larga duración debido a una complicación con su embarazo.

Rodríguez Signes resolvió no otorgarle licencia en el cargo de directora de Sumarios bajo el argumento de que se trata de un área clave que no puede estar acéfala, y como Daneri es funcionaria de planta de la Fiscalía de Estado, la volvió a su cargo original. Y en esa función sí le otorgó una licencia extraordinaria.

El abogado Ernesto Méndez quedó ahora a cargo de la Comisión de Disciplina, un organismo creado a través del decreto Nº 5.703, del año 1993.

Esa comisión está compuesta por el contador general de la Provincia, el subsecretario de Justicia y el fiscal de Estado. Toda investigación que lleva adelante la Dirección de Sumarios, antes de derivar en una sanción, recae en esa Comisión.

La Comisión es un organismo asesor del Poder Ejecutivo, y sus dictámenes no son vinculantes.