Parado en su puesto, que queda sobre la ruta nacional Nº 81, a la altura de Hickman, en Embarcación, Riera junto a otras familias que tienen los desalojos notificados o el proceso judicial para sacarlos de sus tierras en marcha, describieron a Nuevo Diario situaciones particulares que forman parte de una realidad general de muchos campesinos de la provincia.

En la mayoría de los casos, intermediarios llevan a los jueces que actúan en los desalojos, y hasta tienen la compañía de policías, para notificar a los campesinos que un empresario compró las tierras. También suele suceder que el empresario nunca pisó el terruño que disputa.

El campesino, por el contrario, no entiende a que se debe esa actitud en tierras en las que se criaron sus padres, e incluso sus abuelos, criando animales o haciendo agricultura en pequeña escala. Esto sirve para su sustento. Sustento que al aparecer un juicio de desalojo se deriva en la pelea judicial por quedarse con sus tierras. La realidad en estos casos es muy distinta a la de los empresarios. Hay jueces que ponen en duda la posesión de las tierras de los campesinos, y la policía suele poner obstáculos para recibir las denuncias en contra de quienes invaden los campos con la intención de sacar a los pequeños productores.

"¿Por qué desde el Gobierno nunca vinieron? ¿Por qué nunca hubo una política para regularizar nuestras tierras?, fue la pregunta volcada por Marcela Carabajal, cuya familia pelea por sus tierras en Rivadavia.

Mientras, si bien el proyecto de suspensión de desalojos campesinos es una posible salida, han empezado a caer las sospechas de que esta posibilidad se frene. "Ya pasaron cuatro fechas, nos fueron corriendo el proyecto de la agenda" de labor parlamentaria, sostuvo Riera, al indicar que esperan que el tratamiento de la iniciativa se trate el próximo martes.

"Hay intereses, y hay que nombrarlos esta vez, son de los Olmedo y los Patrón Costa", sostuvo Riera. Anunció que frente a la posibilidad de que el tratamiento de la iniciativa sea el próximo martes, se prevé levantar un campamento a partir del lunes.

"El primer poblador"

"En Hickman, el primer poblador fue mi abuelo, allá cuando llegó, por 1952", dijo Riera al contar que en aquel momento, el lugar que ahora lleva el apellido de un ingeniero alemán se llamaba Puesto La Paloma y Puesto La Matanza. En las tierras de donde lo quieren desalojar es donde hacía el pastaje de los animales. "La jueza (Civil y Comercial de Tartagal, Marta de Feudis nunca hizo la inspección", antes de determinar sacarlo de las tierras.

"No queremos vivir enllavaos"

Para los campesinos, la utilización de agroquímicos y los desmontes han ayudado a empeorar las condiciones para producir en la agricultura familiar, en donde estos elementos no se utilizan. "No llueve, las tierras no dan, y no he producido nada", cuenta por su parte Lean Guzmán, de 74 años, quien vive con su esposa en las tierras de Rivadavia. En 2004 le iniciaron juicio el juicio.

Este pudo hacerse luego de que le hicieran firmar un comodato de tierras en 1998, mediante un engaño. "Ellos querían sacarnos y botarnos a la ruta", contó Lean al referirse a los abogados que actúan en nombre de un tal Luis Héctor Bartet, de Buenos Aires. Sostuvo que si bien tiene a sus hijos en Buenos Aires, no puede dejar el monte. "Me voy a morir de pena allá", dijo.

"Que nos vamos a quedar enllavaos", agregó su esposa, Avelina Pérez. Al preguntar por la adversidad que vive por la situación de sequía en Rivadavia, donde está su puesto, afirmó que "donde uno se crío, ahí nomás se tienen que quedar los huesos".

(De nuestros enviados especiales Laura Urbano y Rolando Diaz)