La Justicia federal investiga a un jefe de campaña de Carlos Reutemann por presunta violación a la Ley Nº 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. La investigación fue impulsada por el fiscal Walter Rodríguez, sobre Heriberto A. Martínez, quién fue el responsable económico y financiero de la agrupación Alianza Santa Fe Federal, con la que Reutemann ganó su banca de senador nacional en 2009.

Rodríguez citó a Martínez, quien actualmente integra la Comisión Directiva de la Unión del Personal Civil de la Nación y es un hombre vinculado al Movimiento de Integración y Desarrollo, para que hoy a las 11 se presenten en la fiscalía. Allí será informado de los hechos que se le atribuyen: falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos y también para notificarlo de las pruebas que existen en su contra. Entre ellas, hay una auditoría contable que concluyó que Alianza Santa Fe Federal pagó más de 550 mil pesos a medios de comunicación de la región en concepto de publicidad que nunca fueron blanqueados ante la Justicia.

Otro punto sobre el que el extesorero del partido deberá responder es el destino de los fondos recibidos para la actividad proselitista por parte de empresas y entidades privadas. Es que durante el período de propaganda la agrupación política recibió montos de hasta 30 mil pesos de entidades privadas que encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la ley.

Restricciones 

La denuncia enumera aportes de Carlos Capisano, secretario de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y miembro titular de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), y de Carlos Galán, también miembro titular de UIA. Cada uno habría donado 10 mil pesos que quedarían subsumidos en las previsiones del artículo 15, inciso h, de la Ley 26.215 que establece que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente.

Esa misma cifra llegó a las arcas de la agrupación desde la Fundación Isalud, que por su objeto social estaría inhabilitada para realizar este tipo de aportes.

Vinculadas al Estado

El escrito enumera también donaciones y menciona donantes inhabilitados para hacerlo por haber sido empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto de las publicidades que Alianza Santa Fe Federal realizó en los medios de comunicación, el informe contable discriminó operaciones de hasta 127 mil pesos que nunca fueron registradas. La misma estrategia de evasión se utilizó respecto de cartelería para la vía pública, que tuvo un costo de casi 120 mil pesos que tampoco figuran en la declaración que realizó el partido.

Finalmente, se detectaron otras propagandas televisivas que sí fueron blanqueadas, pero hay una diferencia, en algunos casos de más del 50 por ciento, entre lo declarado y lo facturado.