El proyecto del Ejecutivo para actualizar los contratos de uso de la terminal de ómnibus con las transportistas de larga distancia generó ayer un duro cruce entre los concejales, que alejaría la posibilidad de aprobarlo esta semana, como pretende el oficialismo. La premura para convertirlo en ordenanza se debe a que -además de actualizar el canon de los boxes-, la iniciativa apunta a desactivar el conflicto con los maleteros, que hace un mes paralizaron la terminal con piquetes de protesta. Los trabajadores reclamaron estabilidad laboral y salarios "dignos", ya que hasta ahora dependen sólo de las propinas.

Luego de varias reuniones el municipio les propuso conformar una cooperativa, que mañana tendría firmada su acta constitutiva y quedará en condiciones de contratar.

El concejal oficialista Alejandro Ramos Mejía defendió el texto enviado por la intendente interina María Eugenia Martini y esperaba salir de la reunión de comisión con el dictamen aprobado.

Pero esa expectativa se frustró por los reparos que expusieron otros ediles, especialmente Alfredo Martín (Frente Grande) quien mantuvo un fuerte intercambio con Ramos Mejía y con la asesora letrada del Ejecutivo, María Peralta.

Las campañas electorales de cara al 1 de septiembre fueron el trasfondo inocultable del entredicho.

El proyecto propone un canon por el uso de los boxes que tomaría como parámetro el precio de la nafta súper en las estaciones YPF y que multiplicaría por cinco los valores actuales. El derecho a dársena no tendría arancel alguno.

El texto dice también que las empresas de transporte que aspiren a un box deberán contratar a la cooperativa autorizada por el municipio (la de los jóvenes maleteros), aunque no especifica el monto ni las condiciones de contratación.

Ese punto fue cuestionado por Martín y también por otros ediles como Irma Haneck (Sur), Leandro Lescano (Pueblo) y Mauro González (PVC). Este último subrayó la urgencia para buscar una solución, porque si los maleteros trabajaron durante 15 años sin regulación alguna fue por la "desidia" del Estado.

Lescano puso en duda que la ordenanza así planteada no le genere al municipio una corresponsabilidad en la situación laboral de los maleteros (algo que pretenden evitar por todos los medios) y también hubo preguntas sobre qué ocurrirá si la cooperativa se disuelve o bien si incorpora nuevos miembros.

La discusión tomó temperatura cuando Martín les dijo a los representantes del oficialismo que si los contratos por el uso de la terminal están vencidos desde hace meses les cabía una responsabilidad ineludible. "Los dejó caer el gobierno del que formaron parte" aseguró, en referencia a la gestión de Omar Goye.

También dijo que no estaba de acuerdo en modificar el canon de los boxes durante el gobierno de transición.

A modo de réplica, le recordaron a martir que a pesar del compromiso asumido con los maleteros, ningún concejal del Frente Grande se presentó a las reuniones de la mesa de trabajo para conformar la cooperativa.

La concejal Haneck dijo no dudar de la buena fe del Ejecutivo, pero consideró que así como está el proyecto no resolvería el conflicto de los maleteros.

Ante las críticas escuchadas, Ramos Mejía dijo que no se opone a poner en la ordenanza el nombre de la cooperativa (sería Nuestras Malvinas) y el monto que le deberán pagar las empresas por el servicio de carga y descarga de equipaje.