Es sabido que si hay un lugar donde Romero supo hacerse fuerte fue el ámbito de la Justicia Penal, pues es el ámbito donde se activa o congela la investigación de delitos conocidos como de “guante blanco”. Y es en este mismo sector, el Poder Judicial, donde Romero, afuera del sillón de gobernador, supo mantener casi intacto aún una gran reserva de poder.

Como suele ocurrir, es en este ámbito a donde “so pretexto de independencia”, se cultivan privilegios y criterios conservadores que muchas veces no hacen más que dar paso a influencias inconfesables, se explicó en fuentes judiciales. No sería otra la explicación para la comedia de enredos en que se han transformado las causas seguidas contra Romero y funcionarios de su entorno por negociados en la compra y venta de tierras.

Dos años

El segundo cumpleaños de estas causas, entre ellas la de La Ciénaga, todavía no tiene a ningún sujeto indagado, lo que parece confirmar la idea de que un plan de garantías de impunidad está surtiendo el efecto buscado.

La relativa displicencia con que Romero tomó a las designaciones de fiscales penales durante su mandato de doce años, tiene una explicación. Según fuentes de su entorno, Romero imaginaba al sistema Procesal Penal de la Provincia como un modelo eterno.

Bajo el viejo sistema procesal, las investigaciones y las decisiones importantes en causas por delitos graves o mínimamente complejas, como aquellas cometidas en perjuicio de la administración pública, quedarían en manos de los todopoderosos jueces de Instrucción. Este era el eje del poder Penal de la Provincia, la mano que abría y cerraba las llaves de la sospecha penal, más allá de la audacia y obstinación con que un fiscal Penal pudiera pedir que se investigue un determinado caso.

El juez de Instrucción podía archivar un determinado caso de manera directa; también podía abrir una causa y mantenerla eternamente en trámite en su etapa preliminar sin procesar al imputado y hasta, aplicando determinada cintura, evitar llamarlo a prestar declaración indagatoria; en realidad en aquel sistema el juez tenía el poder de hacer que el imputado no llegara a ser juzgado jamás.

Eso sí, cuando la presión del poder político era lo suficiente grave, también podía, dictar auto de sobreseimiento, impidiendo que del caso se volviera a hablar otra vez. Romero, tanto padre como hijo, estaban convencidos que el poder real radicaba en los jueces penales, por lo que la designación de cada uno de ellos debía ser sometida a un estricto examen de lealtad más que de capacidad.

Soldado que no ayuda

La propuesta para la designación de los cuatro fiscales penales ha sido efectuada por un Consejo de la Magistratura presidido por el hombre de máxima fidelidad que aún tiene Romero en la Justicia, Gustavo Ferraris, con cuya designación Romero desencadenó una inédita pueblada de abogados, con planteos de amparo del Colegio que los nuclea.