Nuestro país lleva a la Cumbre una posición sostenida en la idea de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que implica promover una redistribución de esfuerzos y un redireccionamiento de recursos hacia las naciones en vías de desarrollo. Se trata de una posición legítima desdibujada a partir del doble discurso de un Gobierno nacional representado por una delegación paupérrima que pone en evidencia la poca importancia dada a esta temática, pese a que Argentina ha comenzado a padecer los estragos del calentamiento global.

La respuesta oficial ha pasado por priorizar -tal como se plasmó en el veto a la Ley de Glaciares- los intereses de las compañías mineras y petroleras. O la reglamentación tardía de la Ley de Bosques, ocurrida recién tras la tragedia de Tartagal; o la ausencia de voluntad política a la hora de frenar la deforestación y planificar el corrimiento de la frontera agropecuaria. La respuesta ha sido la ineptitud para prevenir y atender el dengue, el colapso energético y el manejo clientelar de la inversión en infraestructura pública.

No es casual que para abordar esta cuestión se hayan creado, en el ámbito del Poder Ejecutivo, sucesivas estructuras administrativas de reducido nivel jerárquico, incapaces de expresar la relación federal y carentes de lazos fuertes con la sociedad, que han puesto énfasis en la aplicación de mecanismos dispuestos por normas internacionales con escasa incidencia en Argentina.

Por eso es tan importante que el Congreso nacional se aboque a establecer un marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas de adaptación al cambio climático y mitigación de las causas que lo producen.