Gabriela, la madre de Lulú, había argumentado que el cambio fue un reclamo de su hijo que siempre sintió y actuó como una nena. “Yo sólo la acompañé”, explicó. También afirmó que la misma niña había elegido el nombre de Lulú “a los 4 años y nos dijo que si no la llamábamos así no nos contestaría”.

Lulú tiene genitales masculinos pero no por eso debe asumir su masculinidad como si ese fuera el único camino. La cuestión es que ella no ha tomado ninguna decisión porque no está en edad de tomarla: a los seis años no se deciden cosas como éstas. El Estado y sus padres han tomado la decisión por ella.

En diciembre pasado, el Registro Provincial de las Personas había rechazado el cambio de DNI luego de recibir un dictamen de un Tribunal de Morón al que había recurrido la familia para iniciar el trámite. Pero las autoridades cambiaron de opinión sin que quedara claro por qué.

Dijeron que habían consultado a especialistas y que “la determinación está amparada en la Ley de Género y además en la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, que tiene rango constitucional. ¿Los derechos del niño fueron efectivamente respetados? ¿Basta con el pedido de un chico de 6 años para autorizar un cambio de sexo y de identidad?

El tema es muy delicado. Tiene que ver con la manera en que se identifica y clasifica a las personas institucionalmente. Y lo más relevante, que es algo traumático y doloroso para el niño y su familia así se lo presente con otro ropaje o, peor aún, que el jefe de Gabinete de Scioli lo explote y convierta una cosa tan íntima en un acto de campaña política.

Mejor que celebrarlo como una batalla ganada contra el oscurantismo y los prejuicios sería mirar todo con prudencia y con cuidado para velar por la integridad de quien está atravesando tensiones y conflictos con su propio cuerpo.

Muchas veces y con las mejores intenciones, se trata de resolver el problema apenas se manifiesta como si así quedara allanado el camino hacia un porvenir feliz ¿pero quién puede saberlo?

Cualquier salida tomada a la ligera puede agravar el conflicto en lugar de remediarlo.

Es una situación en la que no hay nada para festejar porque l as respuestas son necesariamente parciales e imperfectas. Y que demanda cautela a los padres, a las instituciones y a los medios para resguardar la intimidad.

Hay que acompañar y velar a las vidas pequeñas apresadas por presiones de este tipo. Y, en vez de celebrar livianamente la entrega de documentos a los padres, proteger, cuidar, respetar y ayudar a crecer a los menores con la mayor contención que se les pueda brindar.