A dos meses de la decisión y tras conocerse una resolución judicial de primera instancia en la que se hace lugar a un pedido de amparo de la concesionaria, se desconocen el estado del proceso que buscaba, según las autoridades municipales garantizar la calidad de un servicio esencial.

El decreto (N° 430/12) dispuso la intervención administrativa técnica temporaria, según la argumentación de las autoridades municipales, porque la prestataria no brindaba la información obligatoria establecida por contrato de concesión en un marco de transparencia y para que el Estado comunal lleve a cabo su rol de contralor y se cumpliesen las normativas vigentes.

El mismo contaba con un vigencia de 120 días (vencería en noviembre) pero la Justicia resolvió hacer lugar a una solicitud de la CEZ por considerar que el procedimiento no se había ajustado a derecho.

El Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 dictó el 30 de agosto una sentencia en la que hizo lugar a la medida de amparo reclamada por la concesionaria en referencia al decreto municipal.

Pese a lo sucedido, ninguna de las dos partes involucradas, hicieron nunca referencia a la decisión judicial a un mes de haberse determinado.

Además, como poder concedente, la Municipalidad no pudo avanzar sobre la información requerida en el plazo que mantuvo vigente la intervención y no cuenta con herramientas legales que le permitan avanzar en el tema.

Tras ser consultados al respecto, quienes fueron designados como interventores por parte del Ejecutivo – el jefe de Gabinete Pablo Giménez y el subsecretario de Medio Ambiente Alan Fortune- no emitieron declaraciones públicas basándose en la falta de información sobre la medida judicial.

El eje central del conflicto que se había originado entre concesionaria y concedente en este contexto era la calidad del producto concesionado, algo que todavía no ha podido determinarse.

El Órgano de Control (OCEBA) argumentó no poder fiscalizar la calidad del servicio debido a la falta de información elevada por la CEZ. La Municipalidad tampoco bajo el mismo basamento. La Dirección de Energía provincial se mantuvo al margen incluso negando información por considerarla confidencial. Mientras tanto, la situación sigue siendo la misma que al principio. Los usuarios quedan en el medio de una problemática que resulta con tintes más políticos que técnicos, con cortes que se suceden por diversos motivos y electrodomésticos y, hasta cámaras de seguridad, que se queman por razones que hasta ahora nadie puede asegurar aunque resulta una obviedad.